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La inclinación autoritaria

El Presidente está mostrando una preocupante inclinación al autoritarismo que no presagia nada bueno

CARLOS CABALLERO ARGÁEZ
Al cumplir los primeros seis meses de su administración, el presidente Petro está mostrando una preocupante inclinación al autoritarismo que no presagia nada bueno.

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Dos hechos llaman poderosamente la atención. Uno, la decisión de asumir las funciones de las comisiones de regulación de los servicios públicos, en particular encargada de la electricidad y el gas. Y otro, la intervención para modificar el proyecto del metro de Bogotá, metiéndose en donde no cabe, no obstante la financiación del Gobierno Nacional.
Es la típica actitud del mandatario autoritario que considera que el poder le permite pasar por encima de las normas porque representa al pueblo que lo eligió y que la voz del pueblo no se puede callar. No hay entonces institución independiente alguna o ente territorial que no deba sujetarse a las ideas o los caprichos de un Presidente que cree que los problemas son simples y no complejos. “Porque al electorado no le gusta pensar que el mundo es complicado” escribe Yascha Mounk, autor del libro El pueblo contra la democracia: Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla (Planeta, 2018).

Es la típica actitud del mandatario autoritario que considera que el poder le permite pasar por encima de las normas porque representa al pueblo.

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Los mayores de 30 años estamos recordando por estos días el apagón de 1992, cuando la quiebra del sector eléctrico debido a las malas decisiones sobre las tarifas de los años anteriores dio al traste con la sostenibilidad de las empresas. Gracias a la nueva Constitución y a las leyes 142 y 143 de 1993 se construyó la que Manuel Maiguashca –exviceministro de Minas y experto en el tema– llama una “potente institucionalidad” cuyo eje central es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Creg, la cual, con criterios técnicos, expertos independientes y la participación de los ministros de Minas y Hacienda y del jefe del Departamento Nacional de Planeación, establece las reglas que garantizan la continuidad de los servicios, “buscando la suficiencia financiera de los prestadores pero consiguiendo índices de eficiencia y calidad”.
El sistema, que es complejo y no ha estado exento de situaciones difíciles como los efectos de los fenómenos del Niño, las bombas en las torres de transmisión eléctrica, los problemas de la provisión en la costa Caribe, o las fricciones entre el Ministerio de Minas y la Comisión, ha sido muy exitoso. La cobertura alcanza entre el 97 y el 98 % de la población, y los índices de calidad son cada vez mejores. El sector privado y el público han invertido para lograr estos resultados porque les ha sido atractivo hacerlo.
Que no se crea el presidente Petro que la va a tener fácil. Los asuntos que trata la Creg son de una enorme complejidad técnica, como nos consta a quienes la hemos presidido. Las tarifas deben reflejar las realidades del mercado. Si no lo hacen se destruye la capacidad de inversión y de expansión del sistema, con el consecuente riesgo de los apagones futuros.
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La intervención para cambiar el proyecto del metro de Bogotá constituye, esa sí, una gran “chambonada”. Hay un contrato en ejecución, una obra en marcha y una financiación de la banca multilateral. Modificar la construcción implicaría un sobrecosto de entre $ 12 y $ 18 billones, además de un retardo de seis años. No caben cambios unilaterales.
Ahora bien, la amenaza del ministro de Transporte de dejar a Bogotá sin recursos para una serie de obras adicionales al metro que resultan fundamentales para la ciudad es inaudita e inadmisible. Afectaría a todos los bogotanos y especialmente a las personas de menores ingresos. Bogotá genera el 26 % del PIB nacional, acoge al 20 % de la población del país, y sus proyectos no pueden quedar fuera del Plan de Desarrollo.
¡El Presidente y su ministro de Transporte no pueden hacer lo que les plazca en Bogotá!
CARLOS CABALLERO ARGÁEZ
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