Logrado el acuerdo sobre el fin del conflicto, la discusión económica se ha centrado en el crecimiento de la economía colombiana en los próximos años. Con razón. Aclimatar el posconflicto requiere que la producción se expanda, que el empleo aumente y que el Gobierno Nacional tenga capacidad para invertir sin generar desequilibrios macroeconómicos.
Algunos comentaristas creen que la sola firma del Acuerdo va a incrementar el ritmo de crecimiento de la economía. Para concretarse, sin embargo, la expansión productiva necesita, además del silencio de las armas, que los agentes inviertan. La palabra clave, como lo recordaba en una entrevista Ana María Ibáñez, es ‘inversión’. Decía ella que, a pesar de que venga inversión extranjera y se obtenga financiación internacional, “somos los colombianos quienes deberemos financiar las inversiones que requiere el acuerdo... los recursos provendrán del país” (‘Sin inversión, los dividendos de la paz no se materializan’, Portafolio, 5 de septiembre del 2016, p. 10).
Las proyecciones de crecimiento del PIB para los diez años que vienen no son halagüeñas. El Gobierno redujo su previsión para el 2016 de 3,0 % a 2,5 %. Si nos va bien, en el 2017 podríamos crecer al 3 % en vista de que la desaceleración parece haber tocado fondo y la inflación comenzó a ceder. Pero el PIB potencial, que mide la capacidad existente para el incremento de la producción en un año dado, disminuyó recientemente por la menor oferta de petróleo. Por estos días, entonces, se estima que el país puede crecer al 3,8 % anual sin generar incrementos de precios, en vez del 4,5 % anual al que veníamos acostumbrados.
Aumentar la inversión privada es prioritario. Entre otras razones, porque la industria colombiana ha incrementado en el año en curso la utilización de la capacidad instalada, que llegó en mayo al 73,3 %, mayor que la del mismo mes del 2015 y la más alta para el mes de mayo desde el 2007. La devaluación del peso colombiano ha tenido un impacto importante en la sustitución de importaciones. En años anteriores, con un dólar barato, las importaciones abastecieron el mercado doméstico; ahora este se satisface con la oferta de productos nacionales. Por eso el sector industrial ha registrado buenos ritmos de crecimiento y utiliza más intensamente la capacidad de sus plantas productoras. Pero si se copa esa capacidad, lo que vendría sería un incremento en los precios. Se necesita nueva inversión.
Los empresarios, sin embargo, no van a invertir hasta que no existan condiciones políticas, económicas y de seguridad jurídica que los induzcan a ello. E infortunadamente, de acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, su percepción sobre dichas condiciones se mantiene en niveles inferiores a los del año pasado. Estaba la incertidumbre del proceso de conversaciones en La Habana, hasta finales de agosto, y ahora subsisten tanto el resultado del plebiscito del 2 de octubre como la suerte final de la reforma tributaria.
Así las cosas, lo que queda claro es que la reforma tributaria, además de obtener recursos para la inversión pública, debe incentivar la inversión privada. El sistema tributario de hoy en día ahuyenta a los inversionistas nacionales y extranjeros.
Por lo mismo, comparto también la opinión de Ana María Ibáñez:
“Esta reforma debe ser bien diseñada. No se puede ahorcar al sector privado. La reforma debe eliminar los impuestos que frenan la inversión. Necesitamos un sector productivo dinámico e innovador. La estructura tributaria actual es inadecuada. Sin embargo, es necesario un compromiso del Gobierno Nacional y del local para reducir las ineficiencias y eliminar la corrupción”.
Carlos Caballero Argáez
