La campaña por el plebiscito ha exacerbado los ánimos de la oposición. Hemos entrado en un terreno lleno de riesgos. Los acuerdos de paz no son el objeto de la discusión electoral. El debate apunta hacia las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2018.
Claro que el resultado del plebiscito tendrá consecuencias políticas, por ser un acto político. Pero lo importante es ir al fondo de lo que está en juego para tomar una decisión en la dirección correcta. Y el fondo tiene que ver con la formación del Estado en este territorio que llamamos Colombia; un proceso muy difícil y lleno de tropiezos. Comenzó desde el mismo grito de independencia en 1810, no ha terminado y va a demorarse en concluir. Es un proceso de ‘larga duración’.
Esa es la explicación del jesuita Fernán González y su equipo de colaboradores, contenida en el libro Poder y violencia en Colombia, publicado hace un par de años por el Cinep y el observatorio Odecofi, que debería ser de obligatoria lectura en las universidades.
Para González, en Colombia no puede hablarse de un ‘Estado fallido’ que colapsó por haber perdido el monopolio de las armas, sino de un Estado que no ha terminado de estructurarse, que gradualmente ha ido incorporando nuevos territorios en donde su presencia ha sido tremendamente desigual, y en donde, por la forma en que se poblaron y se organizaron –en general por la vía de la colonización– , “se producen diferentes estilos de violencia y diversos modos de inserción de los actores armados ilegales”.
El Estado en Colombia no ha ostentado el monopolio de las armas en la totalidad del territorio nacional. Lo hace, sí, en las aglomeraciones urbanas, en la mayoría de las ciudades, pero no en todos los municipios, y mucho menos en sus veredas. La geografía es en buena parte culpable de que ello sea así. Lo mismo que la desgracia del narcotráfico en los últimos cuarenta años. Y también la incapacidad del Estado, en sus diferentes niveles administrativos, para conectar las regiones y sus poblaciones internamente y entre sí. Ciertamente, el Estado ha sido débil y en muchas regiones cooptado por actores ilegales y violentos.
El final del conflicto armado con las Farc debería analizarse, en mi opinión, como una etapa más de la formación del Estado en el país. Lo que quiere decir que habrá necesidad de repensar y rediseñar muchos de los instrumentos de acción estatal. Valga decir que en Bogotá, en el ‘centro’, tendemos a considerar que todas las regiones son iguales, que tienen los mismos problemas, y departamentos, municipios e inspecciones de policía, las mismas capacidades. Que la ‘periferia’ es homogénea. Nada más equivocado. Yo sostengo en las clases que dicto en la universidad que en Bogotá no sabemos cómo funcionan las alcaldías de los municipios circunvecinos, aquellos al occidente del río Bogotá o detrás de los cerros. Mucho menos vamos a saber qué pasa en el Vichada o en Arauca o en la costa Pacífica o Caribe.
Al terminar el conflicto y producirse la entrega de las armas por las Farc, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrán la oportunidad de ampliar su radio de acción, de tener el monopolio de las armas en el territorio nacional y de reforzar su lucha contra el Eln y contra las bandas criminales. Pequeña tarea la que les espera en el futuro cercano.
Naturalmente, hay otras condiciones para considerar que hay un Estado formado. Entre ellas, la más importante es la capacidad de financiarse y de administrarse. Ambas requieren un revolcón para tener éxito en la etapa que deberíamos comenzar una vez se firmen los acuerdos y se vote afirmativamente el plebiscito.
Carlos Caballero Argáez
