De la informalidad y las reformas para combatirla

De la informalidad y las reformas para combatirla

Es urgente abaratar el trabajo formal y conectar la reforma laboral, la tributaria y la pensional.

31 de julio 2020 , 09:25 p.m.

El impacto económico y social de la ‘crisis del coronavirus’, y de las cuarentenas, tiene consecuencias tremendas sobre los trabajadores informales, agrupados en las estadísticas bajo la categoría de población vulnerable.

Se estima que 6 de cada 10 trabajadores en Colombia son informales. Los ingresos en su actividad los ubican por encima de la pobreza, pero no cuentan con un contrato laboral, no contribuyen ni a salud ni a pensiones y no tienen acceso ni a cesantía ni a programas de apoyo estatal. Al impedírseles salir a la calle, su ingreso cayó a cero. Por ello, el gobierno del presidente Duque se vio forzado a implementar transitoriamente el programa ‘Ingreso solidario’.

La magnitud de la informalidad laboral era bien conocida desde hace mucho tiempo por los gobernantes, los sindicatos, los políticos, los empresarios, los economistas y los formuladores de las políticas. Sin embargo, hemos vivido con ella, tratándola con paños de agua tibia. Por fortuna, ahora que la virtualidad nos ha permitido en estas semanas conectarnos con expertos nacionales y extranjeros, nos hemos empapado del problema y se han planteado ideas interesantes para enfrentarlo.

La legislación laboral puesta en práctica desde principios del siglo pasado, que respondió a la necesidad inobjetable de proteger a los trabajadores en los comienzos de la industrialización y durante su consolidación en los treinta años que siguieron a la crisis del treinta, cumplió su propósito. Sin embargo, ya a finales de los años sesenta se hizo patente el desempleo y se pidió a la OIT que enviara unos expertos para estudiarlo. En 1970, entonces, el informe Seers encontró que “la legislación laboral era de tales características que inhibía la generación de empleo” (Avella, Mauricio, Las instituciones laborales en Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2012).

En 1990 se desmontó, en buena hora, el mecanismo perverso de la ‘retroactividad de las cesantías’, que imposibilitaba la contratación formal. Pero fue solamente en el 2013 cuando se aliviaron las cargas sobre la nómina, al eliminar a las empresas las contribuciones al Sena y al ICBF, lo mismo que parte de las de salud. El efecto sobre la contratación formal fue inmediato, como lo muestran las estadísticas. No fue suficiente. Y sería absurdo imponer ahora contribuciones nuevas, como lo propuso hace unos días la Andi.

Es urgente abaratar el trabajo formal en Colombia y aprovechar la oportunidad que genera la crisis actual para conectar la reforma laboral, la tributaria y la pensional. Recuérdese que en abril perdieron su empleo 5,4 millones de personas, que no lo van a recuperar pronto, sino muy lentamente.

Debe estudiarse, por tanto, la propuesta de Eduardo Lora de “eliminar las contribuciones obligatorias que hacen las empresas y los trabajadores para los sistemas de pensiones. Solo seguirían siendo obligatorias las contribuciones de quienes ya tienen derechos adquiridos en Colpensiones por estar cerca de la edad de jubilación... El Estado (léase el Presupuesto Nacional) garantizaría una pensión básica –equivalente a la línea de pobreza, aproximadamente un tercio del salario mínimo, a quienes no tengan una pensión subsidiada por el fisco– (Lora, Eduardo, ‘Cómo recuperar el empleo’, 12 de junio de 2020). Y quienes puedan hacerlo ahorrarían en los fondos privados de pensiones para complementar y aumentar su pensión.

Estas reformas matarían varios pájaros con un solo tiro. Serían audaces y simples. Los sindicatos y los políticos estarán en contra porque nunca han representado a los trabajadores informales. Pero ¿no es este el tipo de cambios de fondo que hay que intentar en la hora actual?

Carlos Caballero Argáez

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