¿Tumbar la ley de financiamiento?

¿Tumbar la ley de financiamiento?

El proyecto contiene prácticamente todas las recomendaciones de la Comisión de Expertos y la Ocde.

18 de noviembre 2018 , 12:41 a.m.

‘Tumbar la ley de financiamiento’ parece haber sido la consigna de quienes han sentido que hay algo en ella que no les conviene. Lo más llamativo de esta reacción ha sido la forma como estas mismas personas, o sectores, han ignorado la integralidad de dicha ley y los elementos que sí les convienen o que puedan ser de beneficio para el país.

Quienes tenemos, entre otras funciones, la tarea de emitir nuestra opinión frente a las distintas propuestas que nacen, hoy nos enfrentamos a cuatro opciones: 1) Rechazar la propuesta. 2) No decir nada. 3) Apoyarla irrestrictamente. 4) Apoyar su trámite proponiendo mejoras. Estoy convencido de que nos corresponde optar por la cuarta opción, y quisiera exponer algunas razones y propuestas que lo sustentan.

Un análisis profundo muestra que el proyecto contiene prácticamente todas las recomendaciones producidas por la Comisión de Expertos y la Ocde que buscaban hacer de Colombia un país más equitativo, más competitivo, más justo en el sentido de reducir la evasión y más formal desde el punto de vista de empresas y empleos.

El proyecto se encarga de financiar los programas vitales que hoy en día se encuentran desfinanciados por 14 billones de pesos, y trae el avance en competitividad que permitirá generar el empleo formal que el país necesita y competir en el mundo. Por su parte, el régimen simple propuesto es el gran incentivo a la formalización que hemos esperado por años.

La crítica más generalizada al proyecto es la de aumentar el IVA para el 30 % de productos de la canasta familiar. Hoy en día, el 53 % tiene IVA. Algunos argumentan el efecto sobre las personas de clase media; otros, el efecto sobre la demanda agregada. Los dos son argumentos válidos que merecen ser atendidos con juicio.

Desde el punto de vista de la progresividad, es conveniente incluir todos los productos en el régimen del IVA cuando está acompañado de la devolución anticipada que se ha propuesto. Operativamente complejo, pero manejable si se usan bases de datos y canales de pago del Sisbén, Familias en Acción y cajas de compensación familiar. Permite, además, reducir la informalidad, la evasión y ampliar la base de actividades económicas contribuyentes.

Parece entonces que un camino es el de buscar minimizar el IVA para los nuevos productos propuestos y llevarlo a un punto más razonable que permita mantener los objetivos fundamentales del proyecto. Para lograrlo, hacemos las siguientes propuestas:

No reducir el IVA actual al 18 y 17 %. Esto ha sido indicado por varios economistas y liberaría 2,8 billones el primer año y 5,8 billones en adelante.

De otro lado, dado que el proyecto busca hacer crecer la actividad económica y el empleo, y que estas dos variables toman un tiempo en arrojar resultados, proponemos acudir a la venta de algunos activos de la Nación para invertir esos recursos en construir esa rampa de crecimiento económico y equidad. Es cambiar activos no estratégicos por un objetivo superior: el desarrollo.

Estas dos acciones permitirían contar con un IVA para los nuevos productos entre el 8 y el 12 %, lo que minimizaría el efecto sobre la clase media y el consumo.

El proyecto tiene decenas de puntos sobre los cuales tenemos observaciones y preguntas. En forma constructiva las hemos comunicado y las seguiremos comunicando al Gobierno y al Congreso.

Será responsabilidad del ministro de Hacienda y del Gobierno correr modelos que permitan identificar el punto exacto en el cual se logren todos los beneficios de largo plazo y no se ponga en duda la recuperación económica de corto plazo que está requiriendo el país.

Será responsabilidad del Congreso aprobar una ley que refleje un propósito superior libre de intereses particulares.

Será responsabilidad de quienes opinamos apoyar, sin tragar entero, una propuesta que permita construir un mejor país para todos.

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