Respuesta a Mac Master: empleo público, equidad y demanda agregada

Respuesta a Mac Master: empleo público, equidad y demanda agregada

Ayudaría si al principal empleador, pymes, se le escalaran tarifas de renta diferenciales.

08 de septiembre 2019 , 10:09 p.m.

Desde 1990 se aduce que el crecimiento de Colombia pende de la “flexibilización laboral”. Así se impulsaron la Ley 50 de 1990 y la 789 de 2002. Cada una tenía un objetivo “flexible”, y ahora se propone otro más: la contratación por horas o sistema ‘part-time’ (tiempo parcial).

En palabras del presidente de la Andi: “En eso consiste la flexibilidad, y es para todos. Que usted pueda trabajar en varias entidades”. Una crítica mía a dicha iniciativa motivó que Mac Master me exigiera “una propuesta para bajar el desempleo y la informalidad”, que sea “sostenible y posible”.

En Alemania, por ejemplo, sabiendo que su mercado laboral tiene características de país central, se observó —luego de la reforma de 2003— el aumento en el empleo de tiempo parcial en detrimento del completo, acompañado de contribuciones a seguridad social más atractivas para los empleadores y sustituyendo empleo no calificado y calificado (Jacobi y Schaffner, julio de 2008).

En Estados Unidos, la población ocupada era en 2002 de 112,7 millones de personas, y el 21,1 por ciento estaba en tiempo parcial. En 2019, con 157,23 millones, el porcentaje en ‘part-time’ es 16,6 por ciento (BLS). Es decir, la generación de empleo formal, en la nación por excelencia de dicha modalidad, no la determinó el destajo por horas. En ambas sociedades ‘opulentas’ crece el deterioro en las condiciones laborales, el estancamiento salarial y el ‘desempleo oculto’.

¿Cómo es la estructura laboral en Colombia? A julio de 2019, de una población en edad de trabajar de 39,3 millones de personas, hay 22,14 millones de personas ocupadas, apenas 337.000 más que en julio de 2015; 14,58 millones están inactivas, un millón cien mil más que hace cuatro años, y 2,68 millones, desocupadas, medio millón más que en el mismo lapso (Dane). Igualmente, en las 23 áreas metropolitanas, la informalidad laboral ronda el 48 por ciento (Dane), y con el resto de regiones se contabiliza que solo 20 por ciento de los ocupados —por cotizar permanentemente mediante la Pila— son formales (Anif, junio de 2019).

En este cuadro desastroso, en el que los inactivos crecen más que los ocupados, y estos menos que los desocupados, con una tasa de desempleo estructural del 9-10 por ciento, ¿sería imponiendo ‘part-time’ y el “piso mínimo de protección social”, con ahorradores en Beps de 18.000 pesos mensuales (Anif, junio de 2019) como se cumpliría el Emprendimiento + Legalidad = Equidad, la panacea de Duque?

Otro dato es más espantoso. Por cada cien pesos de ingreso nacional bruto, los salarios, incluyendo el de los empleadores, son 41, tanto como en Sudán o Kenia, pero mucho menos que en Japón o Suecia (ver tablas, L. S.-Guerreiro, Piketty), y no es peor gracias a que cuatro millones de emigrantes envían remesas. ¿Funcionaría la solución macmasteriana de reducir la masa salarial?

Estas circunstancias se derivan de la política económica vigente y exigen al menos acciones de choque frente a la falta de generación del sector privado y a la fallida idea ortodoxa del mercado laboral perfecto de que a menor salario, hay más requerimiento de trabajo por las firmas. Una invención que omite que dicha demanda es consecuencia de las decisiones de inversión supeditadas primeramente a la comparación entre lucro esperado y tasa de interés.

Distintas economías emprenden planes de empleo público formal dirigidos a poblaciones sin enganche en el mercado —entre nosotros, jóvenes y mujeres—, para que desempeñen actividades de baja complejidad, de las que podrían enumerarse bastantes. ¿Cómo financiarlos? Recurramos a la equidad: es oportunidad para una reforma fiscal progresiva —que el país reclama— con esta destinación específica para recaudar fondos suficientes y ubicarlos en territorios regionales. Entre sus soportes más sostenibles, propongo precisar el impuesto de giros de utilidades al exterior, que existe en muchos países y en tarifas mayores; gravar con más altas tasas marginales al 1 por ciento de personas naturales —las que concentran el 46,4 por ciento de la riqueza del país— con una tarifa superior al 39 por ciento nominal, cuando en naciones menos desiguales superan hasta el 50 por ciento (Ocde), y yendo al impuesto directo con tasas del 5-10 por ciento a riquezas sustraídas de nuestra economía para especular en el exterior (Londoño, 2018) y en especial donde hay harta tela para cortar: en la regadera de beneficios otorgados en los últimos años a grupos ‘holding’ y fondos inversores especulativos.

Ayudaría, así mismo, si al principal empleador, pymes, se le escalaran tarifas de renta diferenciales menores que las que las igualan con conglomerados financieros y consorcios. El descenso en la tasa de desempleo y la formalización provocarían un choque de demanda por vía redistributiva, tan “posible” que economistas como Hommes los reclaman (@rudolf_hommes). Ahí para empezar

AURELIO SUÁREZ MONTOYA

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