Plan de Desarrollo: pacto por la iniquidad

Plan de Desarrollo: pacto por la iniquidad

El Pacto por la Equidad se enfoca en recortar el gasto público en derechos sociales fundamentales.

26 de marzo 2019 , 01:08 a.m.

Mientras se debate el Plan de Desarrollo, Carrasquilla arguye que el “potencial del crecimiento de la economía” se funda en “la reducción de la carga tributaria efectiva de las empresas de 20 % sobre sus utilidades entre 2018 y 2022”. Al respecto, el FMI advirtió: “La ley de financiamiento puede llevar a menores ingresos a medida que aplique la reducción en la carga tributaria para empresas (…) deberían considerarse medidas estructurales respecto a ingresos y a gastos”. Mincomercio condicionó el promocionado emprendimiento a atraer “inversión extranjera eficiente” en 11.500 millones de dólares anuales y la Ocde puso el plan como paso final para vincular a Colombia y destacó la Ley TIC.

El denominado Pacto por la Equidad, fuera de entregar más privilegios, tributarios y otros, a firmas extranjeras de cine, a inversionistas portuarios, al ámbito indefinido de la ‘economía naranja’, a quienes gasten en investigación aun en beneficio propio, a los dividendos entregados dentro de grupos empresariales, a las posiciones dominantes en el sector de energía y a los dueños de minas con subsuelo de “propiedad privada”–además de dejar el cierre de brechas laborales contra de la mujer a merced del mercado del trabajo– se enfoca, alineado con el FMI, en recortar el gasto público en derechos sociales fundamentales o en trasladarlo a cargo de la sociedad, como pasará con $1,2 billones de las pensiones de Electricaribe para posibilitar su posterior subasta por retazos.

El Sisbén IV disminuirá los beneficiarios de programas sociales: se avisa de cinco millones de “colados” en el régimen subsidiado de salud, y el director del Dane definió como clase media a quien perciba más de cuatro dólares diarios. Añade que el 20,7 % del estrato tres y el 6,4 % del dos tienen ingresos muy altos.

Esta “política social moderna” tiene artículos que, como denunció la CUT, ahondan la flexibilización laboral “formalizando” con estándares inconstitucionales mediante mecanismos como el enganche para graduandos, contratos por horas, labores rurales parciales o el teletrabajo, incluyendo el sector público; o el trueque del ahorro pensional de quienes no alcanzaron a jubilarse por una entrega bimensual, gota a gota, que no bastará para subsistir, o también la imposición del pago en salud a grupos de usuarios del régimen subsidiado, mientras con una ley de saneamiento se capitalizaría a las EPS.

Anif estima que el plan bajará el coeficiente de Gini, de diferencia en el ingreso, apenas de 0,51 a 0,50. La creación de 400.000 empleos anuales nuevos, entre formales e informales, será inferior a la de 440.000 en promedio entre 2010 y 2018 y la pobreza caería a ritmo igual que en el cuatrienio anterior.

En salud y educación, pese a 301 artículos aprobados, el Plan no estableció fundamentos para transferir recursos crecientes a municipios y departamentos, lo que debería concretarse en una reforma constitucional y, antes bien, les recargó el pago de las prestaciones económicas del magisterio. A contramano, pese a sentencias de la Corte, delega en Minminas la fijación del precio de los combustibles, empezando por borrar una deuda de $ 14 billones con el Fondo de Estabilización, en evidente ‘raponazo’ fiscal.

Arrecian las críticas a los poderes presidenciales para transformar áreas del Estado; a la prórroga de concesiones mineras por 30 años en tanto endurece requisitos a la minería tradicional; al insólito visto bueno a los entes territoriales para comprometer vigencias futuras en 2019; al establecimiento de la contribución de valorización sobre predios rurales para costear las 4G; a más tributos para financiar transmilenios e inaceptables metas para contener la deforestación.

Hay omisiones imperdonables: inconsistencias y carencias para ser la ruta expedita en la construcción de paz o el abandono del agro y la industria que –excepto la producción agrícola en gran escala, actividades rurales no agropecuarias o zonas francas– continúan desprotegidas frente a los TLC y a las importaciones. En simultánea, cunde el pánico oficial cuando se propone proteger la cadena textil-confección y a regañadientes surge un fondo para el café sin mecanismos ciertos. Incurias similares indignaron a los indígenas, movilizan a los docentes y alertan a las universidades sobre la incertidumbre para concretar lo logrado.

Razón les cabe a quienes hablan de Plan de Subdesarrollo: el interés primero de Duque y Carrasquilla es financiar la confianza inversionista –cuyas ganancias se distribuyen con altísima desigualdad a favor de conglomerados y transnacionales– y que ahora, pagada por las mayorías, constituye un genuino pacto por la iniquidad, la más aberrante de las inequidades.

AURELIO SUÁREZ MONTOYA

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