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La pandemia de la desigualdad

Crisis demanda políticas públicas que reduzcan exposición al virus y garanticen derecho a la salud.

“1.600 millones de trabajadores informales deberán elegir entre morir de hambre o morir por el covid-19 ante la falta de medios materiales para subsistir durante el periodo de confinamiento”. La afirmación no es de ningún portavoz ultraizquierdista, sino que forma parte del último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la más antigua agencia de Naciones Unidas, de la que forman parte empleadores, Estados y empleados.
Agrega que la crisis del coronavirus “está exacerbando las vulnerabilidades y desigualdades existentes” y demanda políticas públicas que reduzcan la exposición de los trabajadores al virus, garanticen que las personas contagiadas tengan acceso a la atención médica y proporcionen un ingreso y una ayuda alimentaria a las personas y familias afectadas. En la misma línea se ha expresado la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En el ámbito latinoamericano, la Cepal también se ha manifestado, recordando, por ejemplo, que 34 millones de ciudadanos no tienen acceso al agua en sus casas, el primer recurso, con el jabón en las manos y la cara, para resistir a la amenaza: “Ante las graves brechas históricas que la pandemia ha agravado, es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos”, declara esta comisión regional de la ONU. Son muchos los analistas que dirigen su mirada hacia la desigualdad. Como afirma Francisco Basterra: “El espejo de la pandemia nos devuelve una imagen de desigualdad que define nuestro orden económico y social, que sobrevuela nuestro modo de vida y afecta su sostenibilidad (...) el impacto del virus es desproporcionado entre los pobres, la infección de la desigualdad ya la habíamos contraído previamente”. Según algunos expertos, estamos al borde de una “pandemia de desnutrición” que podría duplicarse de aquí a fin de año, superando los 200 millones de personas afectadas.
Ante esta situación, la Guardia Civil española, instituto armado similar a la gendarmería francesa, acaba de comunicar, en un informe reservado encargado por el ministro de Interior, de la posibilidad de “levantamientos sociales” durante el periodo de confinamiento, ya que, con la destrucción de millones de empleos, los ciudadanos más desfavorecidos experimentarían que sus necesidades esenciales no estarían aseguradas. Frente a estos presagios, empiezan a abrirse camino iniciativas para la ‘pospandemia’. En el Parlamento Europeo se estudia la propuesta de un ‘impuesto covid continental’, a fin de financiar un plan de inversiones para salir de la crisis del coronavirus. Parecidas iniciativas de ‘patriotismo fiscal’ se están planteando en el Gobierno español. También se generaliza la propuesta de un ingreso mínimo universal temporal para los más desfavorecidos, ensayado con éxito en países como Finlandia.
Entre tantos atisbos e incertidumbres sobre el futuro, reflexiona Manuel Vicent: “Ha bastado la aparición en escena del covid-19, que apenas mide cien millonésimas de milímetro, para que los pilares de la Historia se hayan venido abajo”.
P. S. Armas. Según el prestigioso Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo (Sipri), en 2019 la inversión mundial en armas alcanzó su máximo histórico, que en conjunto llegó al 2,2 % del PIB mundial, el equivalente a 249 dólares por habitante. Los mayores vendedores de armas son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, una organización que nació para preservar la paz en el mundo. No se sabe qué pasará en este año de pandemia. Lo lógico sería que se deriven estos dineros para la salud y otros servicios de interés social. A escala internacional empiezan a ponerse en marcha iniciativas en este sentido. El senador colombiano Iván Cepeda ha sido pionero, logrando que el Ministerio de Defensa detraiga 100.000 millones de pesos proyectados para la compra de armas para destinarlos a la emergencia sanitaria. Sensatez.
ANTONIO ALBIÑANA
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