Una lupa sobre las mujeres venezolanas migrantes

Una lupa sobre las mujeres venezolanas migrantes

Una crisis humanitaria en la que las mujeres están sufriendo unas consecuencias particulares.

09 de diciembre 2018 , 11:48 p.m.

Tiene catorce años, está embarazada y le diagnosticaron toxoplasmosis. Su embarazo es de alto riesgo, pero en Venezuela, su país natal, no recibió atención. La falta de alimentos, medicamentos y médicos hizo que su familia migrara hacia Colombia para que recibiera los cuidados necesarios.

Ya en Colombia, su mamá sale a buscar trabajo y ella se queda sola. Un hombre aprovecha la situación y abusa sexualmente de ella. Lo denuncian, pero no pasa nada. Mientras tanto, el embarazo de la niña avanza y no recibe atención. Como si fuera poco, acuden a una tutela para proteger su vida y su salud, pero el juez que la revisa no ve la urgencia de atender a una menor embarazada con toxoplasmosis, víctima de violación y que recibe amenazas de su violador.

En los últimos tres años, más de 900.000 venezolanos han migrado a Colombia. Aunque lo hacen mujeres y hombres, hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, queremos poner la lupa sobre los efectos particulares de la migración en las mujeres. Las están violando, maltratando y explotando en los cruces fronterizos y en los países a los que llegan. Algunas son captadas, mediante engaños, por redes de trata con fines de explotación sexual y servidumbre doméstica.

Tenemos conocimiento de otras dos mujeres a las que les pasó esto. La primera tiene 16 años. Dos hombres la violaron mientras cruzaba la frontera por una trocha y la golpearon y la amenazaron con matar a su familia si denunciaba. Además, quedó embarazada a causa de la violación. La segunda tiene 19 años. Un grupo de hombres le ofreció ayudarla a llegar a Colombia por un paso fronterizo oficial. Lo hizo sin que algún funcionario de migración le hiciera preguntas. Al llegar al país, la encerraron y fue explotada sexualmente. Esta víctima de trata también quedó embarazada.

Según el Comité distrital de Bogotá para la lucha contra la trata de personas, el 30 por ciento de las víctimas de trata, durante el 2018, con fines de explotación sexual, son mujeres y niñas venezolanas. A esto se suma el profundo desconocimiento sobre este delito y que los mecanismos de identificación son insuficientes, lo que impide que sean atendidas y reparadas. Las niñas y mujeres embarazadas que buscan atención, y la violencia sexual que no se atiende, en ocasiones como consecuencia de la trata de personas, guardan relación con los derechos sexuales y reproductivos.

Las venezolanas están desprotegidas por el sistema de salud y de justicia. Algunas autoridades de salud y jueces piden la regularización de la situación migratoria y requisitos como la afiliación al Sisbén para que reciban atención de urgencias, pese a que la Corte Constitucional dijo que estos servicios se deben prestar sin que importe la situación migratoria de las personas. ¿Es justo pedirle a una niña migrante que ha sido violada, que está embarazada y enferma y que no ha recibido controles prenatales que cumpla con un requisito que seguramente no conseguirá rápidamente?

En Colombia tenemos un protocolo que indica que la violencia sexual se debe atender como una urgencia médica sin importar la nacionalidad de la víctima. Eso incluye un diagnóstico adecuado, atención psicosocial, pruebas y tratamiento para evitar infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, y, en caso de que la mujer lo solicite, un aborto. Sin embargo, las mujeres venezolanas se encuentran con que en los hospitales les dicen que no atienden venezolanos, o, por miedo a ser deportadas, no se acercan a los servicios de salud.

Estamos en medio de una crisis humanitaria que no se va a detener y en la que las mujeres están sufriendo unas consecuencias particulares que hasta el momento son invisibles. El Gobierno debe tener en cuenta esta perspectiva y proteger la salud y la vida de las migrantes venezolanas.

ANGÉLICA COCOMÁ RICAURTE
Abogada de Women’s Link Worldwide

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