Defensa del establecimiento

Defensa del establecimiento

Llegó la hora defender con firmeza y sentimiento patrio el orden democráticamente elegido.

16 de enero 2019 , 07:24 p.m.

Henry Fairlie, periodista británico que popularizó el término ‘el establecimiento’ en la década de los años cincuenta, mezclaba inicialmente a poderosos empresarios con influyentes políticos para definir este novedoso concepto, por aquella época, revolucionario. A la edad de 30 años, Fairlie comenzó a escribir regularmente una columna de opinión para la revista inglesa The Spectator. Un día frío y gris de otoño londinense, en octubre de 1955, Fairlie escribió un artículo titulado ‘Comentario político’, en el cual desarrolló su criterio sobre el establecimiento. Su contribución se convirtió, desde entonces, en una expresión popular en el mundo de la política nacional e internacional.

Para Fairlie, el establecimiento incluía no solo los centros del poder oficial, aunque ciertamente eran parte de él, sino la matriz de relaciones oficiales y sociales desde las cuales se ejercía el poder. Este manejo del poder, afirmó, “no puede entenderse a menos que se reconozca que este se ejerce socialmente”. En otras palabras, el establecimiento comprende un conjunto de personas bien conectadas e influyentes que se conocen, se mezclan en los mismos círculos y se apoyan mutuamente con fines comunes, como la defensa de la democracia y las libertades civiles. El establecimiento no se basaba, entonces, en acuerdos oficiales, legales o formales, sino en “relaciones sociales sutiles”, cimentadas en un liderazgo político, visionario y de largo aliento que les permita a los pueblos avanzar en la defensa del Estado de derecho, los principios democráticos y la separación de poderes.

Así, pues, para Fairlie, el establecimiento consiste en una red de personas poderosas que dirige las naciones democráticas. En las dictaduras de corte cubano-castrista, como la del país vecino, el establecimiento fue sometido desde un comienzo para reemplazarlo, de manera gradual y permanente, por una clase dirigente que aboga por el socialismo andino, sustentado en la persecución y el encarcelamiento de la oposición, censura de prensa, cooptación de los poderes públicos venezolanos y empobrecimiento sistemático de la población para garantizar la obediencia plena y lealtad ciega al nuevo régimen.

En Colombia, los bárbaros también golpean de manera inclemente, sin fundamento y en estado de sesgada crispación social, las puertas del establecimiento. Desde el primer día del gobierno del presidente Iván Duque, la oposición irreflexiva responsabiliza a la presente administración de los desafueros y desaciertos de la anterior. La decisión política –ciertamente respetable– de no hacer uso del espejo retrovisor dejó al nuevo gobierno con el pecado y sin el género, de suerte que se quedó con los problemas subyacentes, pero sin soluciones para las dificultades creadas por mano ajena, como la pérdida de dinamismo de la economía, el desplome de la inversión productiva, la desindustrialización y el auge de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Pasada la corta luna de miel de los primeros cien días, la desidia política, generada por el novedoso entendimiento institucional basado en el recorte de la ‘mermelada’ tóxica que cimentaba la unidad nacional, ha puesto contra las cuerdas la gobernabilidad del presidente Duque.

Llegó, así, la hora defender con firmeza y sentimiento patrio el establecimiento y el orden democráticamente elegido. Para ello, lo más saludable es aceptar la invitación cursada por el mandatario de los colombianos para construir, entre todos, el Plan de Desarrollo 2018-2022, denominado ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’. El diálogo permanente y la concertación inteligente y proactiva serán, a buen seguro, fuente inagotable de buenas políticas públicas. Para ello, el Gobierno no requiere ‘mermelada’, tan solo sabiduría reflexiva.

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