Los derechos de propiedad rural

Los derechos de propiedad rural

Esta protección se debe aplicar a los pequeños, los medianos y los grandes propietarios de tierras.

11 de agosto 2018 , 10:35 p.m.

La política de tierras del presidente Duque aún no es clara. Más allá de unas propuestas generales, el Gobierno no ha presentado una política concreta de un tema neurálgico para el desarrollo rural y para desactivar disputas de tierras en las regiones más violentas del país. Antes, entonces, de conocer la política de tierras del actual gobierno, quiero discutir un asunto que considero debería ser una prioridad y ha estado en el centro del conflicto armado: la protección de los derechos de la propiedad rural. Esta protección se debe aplicar a los pequeños, los medianos y los grandes propietarios de tierras.

Garantizar la protección de los derechos de la propiedad privada requiere poner en marcha o continuar con tres programas. Primero se debe seguir con los procesos de formalización de la propiedad rural que inició el gobierno pasado y emprender programas de clarificación de la propiedad rural, cuyos instrumentos están disponibles en el decreto ley 902 de 2017, diseñado en el marco del acuerdo de paz y recientemente declarado exequible por la Corte Constitucional. Segundo, los programas de restitución de tierras de la población desplazada se deben continuar. Proteger la propiedad privada incluye, entre otros puntos, devolver a sus propietarios las tierras despojadas durante el conflicto armado. Tercero, se debe poner en marcha el catastro multipropósito para contribuir a la clarificación de los títulos de propiedad.

Colombia tiene una alta informalidad en la propiedad de la tierra, debido a la desordenada distribución que de esta ha hecho el Estado colombiano y a la debilidad, tal vez deliberada, de las instituciones encargadas de estas cuestiones. Si bien las cifras sobre informalidad en Colombia son deficientes, estadísticas que calculamos con Margarita Gáfaro y David Zarruk, con la Encuesta de Calidad de Vida de 2010, muestran que de los pobladores rurales dueños de la tierra, un 48 por ciento carecen de título de propiedad formal.

Proteger la propiedad privada, clarificar los títulos de esta y formalizarla es fundamental para promover una más eficiente explotación de la tierra y prevenir nuevos ciclos de violencia. En primer lugar, la informalidad reduce la eficiencia económica. Cuando los propietarios carecen de títulos de propiedad invierten menos en los predios, ya que no es seguro que podrán capturar los retornos de la inversión; no transan en los mercados de tierras, ya sea de arrendamiento o venta, y no pueden usar la tierra como garantía de crédito. La baja inversión en el predio y el acceso limitado a los mercados financieros reducen la producción en el predio. La imposibilidad de transar en los mercados de tierras se convierte en un obstáculo para transferir la tierra a los productores más eficientes. Todo esto redunda en mayor pobreza de los propietarios informales.

En segundo lugar, la informalidad en la propiedad de la tierra facilitó el despojo ilegal de estas en el marco del conflicto armado y es un obstáculo importante en los procesos de restitución. Las cifras de restitución no son claras. Tras una primera depuración del registro de la Unidad de Restitución de Tierras, encontramos en un estudio reciente que la población desplazada abandonó o perdió 7,3 millones de hectáreas; 4,6 millones, es decir, 63 por ciento, eran informales. Cabe anotar que la cifra agregada puede tener un error de estimación y se debe continuar depurando. Si la cifra agregada es cierta, equivaldría a 4,1 veces la tierra asignada por reforma agraria y 31,3 por ciento a la tierra baldía asignada durante más de un siglo.

Tomar decisiones en este frente no será fácil. El presidente Duque deberá lograr consensos con los pequeños, medianos y grandes productores para que los tres grupos decidan ceder un poco en pos de avanzar. Su política de tierras no puede quedar capturada solo por un grupo de interés. Esto sería un retroceso con consecuencias muy negativas para el país.

ANA MARÍA IBÁÑEZ

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