Lo que pase con el acuerdo de paz con las Farc va a decidir las elecciones presidenciales del 2018.
Con excepción de la oposición en Colombia, casi todos coinciden en que el acuerdo entre el Gobierno y las Farc está entre lo mejor diseñado en el mundo. El gran desafío, en este país de gramáticos y abogados, será pasar del papel a la realidad.
Hacer realidad los seis puntos del acuerdo demandará mucha plata, en tiempos de vacas flacas económicas, y pondrá en tensión todas las energías y la capacidad de coordinación del Estado. En especial, en lugares a los que este nunca ha llegado más que mediante la fuerza militar.
Con la aplanadora oficial, el trámite legislativo es, quizá, lo de menos, aunque el primer semestre estará signado por las polémicas en torno a las leyes, reformas constitucionales y decretos presidenciales para echar a andar lo acordado. Falta ver qué dice la Corte Constitucional sobre lo que vaya saliendo del Congreso.
¿Podrá el Estado garantizar que ‘elenos’, ‘pelusos’, ‘urabeños’ –y disidencias de las Farc, que casi cada semana dan una sorpresa– no se apoderen de los vacíos que dejan 70 frentes y 20 columnas móviles de las Farc?
¿Podrán el Gobierno y las Farc poner en marcha el vasto plan de sustitución de cultivos que convenza a 60.000 familias de abandonar el cultivo de coca y cumpla la meta de eliminar 100.000 hectáreas de la ‘hojita’ este año?
¿Podrá el Estado mostrar un impacto contundente con los 14 planes de desarrollo rural, que prometen llevar al campo los bienes públicos en salud, educación, riego, electricidad y otras áreas que se le deben desde la Colonia?
¿Podrá el Congreso reformar la política y el Gobierno dar garantías reales a la oposición y evitar el asesinato de sus líderes?
¿Se pondrán en pie una jurisdicción especial para la paz que produzca resultados rápidos y convincentes, una comisión de la verdad que no se deje instrumentalizar electoralmente y una comisión de búsqueda de desaparecidos que dé cuentas efectivamente de los más de 60.000 registrados?
La respuesta a estas preguntas va a decidir las elecciones presidenciales del 2018.
Si, digamos, para octubre –contando los atrasos– las Farc han dejado sus armas y están en la política, trinar sobre impunidad y entrega del país a la guerrilla no será un argumento efectivo. Y si el Estado cumple al menos parte de lo contemplado en los acuerdos en materia de desarrollo rural, reforma política, cambios en la política antidrogas y atención a víctimas –y si el amplio espectro de los partidarios de la paz logra una candidatura viable–, las perspectivas electorales del variopinto grupo que se alineó en torno al ‘No’ serían más difíciles.
Pero si el desarme de las Farc se alarga; si la matazón de líderes sociales, activistas de derechos humanos y miembros de Marcha Patriótica continúa impune mientras altos representantes del Estado insisten en que no hay ‘patrones sistemáticos’; si la coca crece y el Estado es incapaz de garantizar seguridad en las regiones; si lo prometido en materia de cambios en el campo y la política termina en blablablá, entonces en el 2018 un triunfo de los críticos del proceso estaría servido.
En general, los acuerdos de paz fracasan o salen adelante en el primer año de su implementación. Este es el año en que eso se sabrá en Colombia. Para ello, toca demostrar en la implementación que la paz valió la pena.
* * * *
Ojalá la demora con el alistamiento de las zonas veredales donde dejarán las armas las Farc no sea el aperitivo de las dificultades del Estado para la implementación de lo acordado. Si construir unas cabañas y arrendar un puñado de terrenos en 25 sitios mínimos ha sido tan difícil, ¿cómo será levantar el edificio colosal de los acuerdos en esa vasta otra Colombia?
Álvaro Sierra Restrepo
cortapalo@gmail.com
@cortapalo
Comentar