Entre la tentación minimalista de hacer retoques cosméticos al Acuerdo Final de La Habana y la exigencia maximalista de infligirle una cirugía radical hay, en teoría, campo para que partidarios del Sí y el No lleguen a consensos que salven del naufragio al proceso de paz.
Pero en el camino se alzan arrecifes que, mal timoneados, pueden echar a pique todo el intento.
El No teme que el Gobierno haga ‘conejo’ con unos cuantos ajustes menores a lo acordado, que le sirvan para presentarlo como un nuevo acuerdo y proceder a aplicarle su aplanadora en el Congreso o en otro plebiscito. El Gobierno recela que los del No impongan el freno electoral y renegociar tome “no semanas, sino meses”.
Con estas prevenciones y con las propuestas del No sobre la mesa, empieza la etapa más difícil de estos 4 años de negociaciones.
Aunque los partidarios del No coinciden en un proyecto conservador de largo aliento, entre sus vertientes –el uribismo, las iglesias, Pastrana, Ordóñez, Ramírez– existen diferencias frente a los acuerdos con las Farc. Varias propuestas son negociables. Algunas demandan apenas aclaraciones o precisiones.
Además de consenso en la necesidad del diálogo y de mantener el cese del fuego, en otros ámbitos se avizora terreno común: medidas humanitarias, entrega de bienes y dinero de las Farc para reparación, apoyo (condicionado) a la pequeña economía campesina, fórmulas de participación política, precisiones en la extinción administrativa de dominio, entre otras.
El No mostró súbita flexibilidad en sus dos inamovibles: cárcel y no participación política para responsables de crímenes graves. Ahora propone penas reducidas para los jefes de las Farc en ‘colonias agrícolas’ o ‘zonas rurales de transición’. Uribe abrió la puerta a la elegibilidad, si cobija a paramilitares, ‘parapolíticos’ y hasta presos comunes (aunque casi todos coinciden, como mínimo, en que antes debe cumplirse la pena). Sin embargo, condiciones similares fueron largamente discutidas en La Habana y lucen inaceptables para las Farc.
Varios de los escollos más afilados no figuraron en la campaña electoral del No. Y son un choque de modelos opuestos que va al corazón de lo acordado.
Hay dos concepciones antagónicas sobre el mundo rural, con los partidarios del No cerrando filas contra todo lo que pueda afectar la gran propiedad rural. Hay dos modelos enfrentados de lucha contra las drogas. Hay dos patrones para gestionar lo pactado, pues Uribe ha vuelto un tema de primer orden el alto costo fiscal y la nueva institucionalidad que generan los acuerdos. Y dos concepciones sobre la participación ciudadana.
Está la joya de la corona: el modelo de justicia. Transicional y fuera de la jurisdicción ordinaria, como se acordó, o subordinada a las altas cortes, como proponen algunos del No (el uribismo prefiere eliminarla). Lo pactado es para todos –guerrilleros, agentes del Estado y terceros civiles–; lo propuesto, solo para las Farc.
Y mientras el No es unánime en que lo firmado no se eleve ni a Acuerdo Especial ni a la Constitución, para el Gobierno y las Farc ese es el seguro jurídico esencial del trato.
Mucho van a tener que ceder todos si de verdad quieren un trato.
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Dos factores hacen todo aún más complejo. Uno es el tiempo: ¿cuánto –semanas, meses– puede aguantar el cese del fuego sin incidentes o provocaciones, sin que la autoridad del Secretariado se erosione o la paciencia internacional se agote?
El otro es la desconfianza. Si ya hay distancias difíciles de acortar entre lo acordado y lo propuesto, el recelo profundo entre los protagonistas –Uribe-Santos, Uribe-Farc– solo hace más difícil una negociación ya dificilísima.
Sin embargo, encontrar terreno común –y rápido– es la única salida.
Álvaro Sierra Restrepo
cortapalo@gmail.com@cortapalo
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