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Qué futuro espera nuestro pasado

Las afirmaciones negacionistas del conflicto armado suscitan inquietudes y siembran perplejidades.

Alpher Rojas C.
Luego de la poco enaltecedora comparecencia en Cartagena, a comienzos del 2019, ante el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, (https://www.elespectador.com/noticias/politica/dato-erroneo-de-duque-al-referirse-al-papel-de-ee-uu-en-la-independencia-de-colombia-articulo-832145), la más reciente ‘gaffe’ del gobierno Duque se relaciona con el displicente levantamiento de hombros con que el actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo, recibió los interrogantes sobre nuestra trágica realidad, formulados por la respetable red mundial de derechos humanos Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.
Hay allí, vía negación no expresada, un intento distorsionador de esa dura realidad que nos agobia desde hace 52 años, cargada de confrontaciones militares destructivas de vidas y bienes, con millones de víctimas, desplazados forzados y desaparecidos, al tiempo, la más irritante concentración de la propiedad, la riqueza y las oportunidades, tanto como el negocio armamentista, cuyo deliberado desconocimiento ha provocado que la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia le retire la membresía a nuestro país.
La gravedad de esta sanción —de 165 sitios en 75 países— es el aislamiento en tiempos en que diversos países articulan esfuerzos para intentar humanizar los conflictos sociopolíticos, a través de la verificación histórica, social y bélica, la comparación con los índices globales de violencia y el respectivo sustento estadístico en que están basadas la solidaridad de países amigos y las ayudas humanitarias del mundo democrático.
Sin embargo, este podría ser un caso en el que una aclaración sustentada en la verdad histórica podría contribuir a restablecer la fraternidad cooperativa internacional, si en su fondo no primara la paradójica consigna del expresidente Álvaro Uribe Vélez —un actor central del conflicto colombiano—, según la cual en Colombia “no ha existido conflicto armado”.
Para completar el crítico cuadro de salidas en falso, las sentidas condolencias del general Zapateiro —comandante general del Ejército— por la muerte de ‘Popeye’, el sicario mayor de Pablo Escobar y participante en las marchas del Centro Democrático, produjeron estupefacción entre las organizaciones sociales y humanitarias. (Ver carta del senador Iván Marulanda: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/el-general-zapateiro-es-indigno-del-cargo-ivan-marulanda-al-presidente-duque/20200210/nota/4013629.aspx)
Las afirmaciones negacionistas del conflicto repetidas con el mismo énfasis episcopal, generado por su dependencia cultural a la doctrina del jefe, por el director del CNMH, suscitan muchas inquietudes y siembran perplejidades acerca de los cortes, ediciones y adaptaciones metodológicas a que puede estar siendo sometida la auténtica representación histórica de la tragedia colombiana, con la finalidad de abrirle paso al ocultamiento de sus victimarios, que no son solo los alzados en armas, sino agentes estatales y subordinados políticos, denominados ‘parapolíticos’, gancho legislativo paramilitar, empeñados, en la transición del posconflicto, en liquidar a los líderes sociales.
A ello se suman los intentos por borrar, corregir, anular, recortar la narrativa de nuestros antecedentes históricos y que nos han puesto en guardia a quienes desde las ciencias sociales investigamos los orígenes socioculturales de la violencia en Colombia. Uno de ellos, y el más diciente, fue el llamado pacto bipartidista del Frente Nacional, suscrito para supuestamente contrarrestar la violencia interpartidista de los años cincuenta y que, como bien lo señaló el maestro Orlando Fals Borda, terminó siendo una simple manguala para repartirse la burocracia pública y sucederse de manera alternada en el poder político estatal.
Con esta masa de operaciones de simulación sociopolítica y económica habrían de tejer gran parte de la historia apócrifa del siglo pasado.
Entonces, la cátedra de historia revisitada —e interpretada desde los rigurosos cánones de las ciencias sociales por expertos académicos independientes que no indiferentes— que se había propuesto recuperar la verdad de nuestra memoria social y política fue eliminada por el gobierno de César Gaviria (1994-1998), hasta cuando el mandato progresista de Juan Manuel Santos la restableció sin cortapisas, en diciembre de 2012.
De acuerdo con Foucault, el olvido puede estar motivado en distintas formas coactivas y no localizables fácilmente: el olvido por borramiento deliberado de las huellas testimoniales, hasta el olvido traumático, fruto de un bloqueo psicológico que actúa como mecanismo defensivo, pasando por el olvido por imposición como resultado de la amenaza directa de los victimarios o como política de Estado.
El CNMH fue creado como consecuencia de los acuerdos de La Habana, alcanzados por el Estado y las Farc, por la Ley 1448 de 2011, o ley de víctimas y restitución de tierras, y es el encargado de contribuir al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano. También ayuda en la reparación integral y al derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. Nada más, pero tampoco nada menos.
Alpher Rojas Carvajal
Investigador en ciencias sociales, magíster en Estudios Políticos y Culturales.
Alpher Rojas C.
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