Democracia, ¿cómo vamos?

Democracia, ¿cómo vamos?

Los componentes de la crisis han construido una ‘personalidad’, un modelo de jerarquías verticales.

08 de octubre 2019 , 07:00 p.m.

El sistema político colombiano, que, en su definición clásica, es el conjunto de instituciones, organizaciones, creencias, normas y valores que determinan la dinámica interactiva del Estado democrático y de derecho, ha llegado bajo el régimen neoliberal impuesto por la homogénea tecnocracia liberal-conservadora (César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe-Iván Duque) a unos niveles de precariedad y degeneramiento tales hasta impedir el ordenamiento constructivo de una sociedad más cohesionada, igualitaria y conviviente.

Por décadas hemos padecido una confrontación armada adversaria del diálogo social, así como la fragmentación de la sociedad civil, cuya perturbadora expresión limita su constitución como interlocutora legítima en los distintos escenarios de discusión de los problemas nacionales e impide la recomposición de la política partidista que acusa grave desinstitucionalización, además de la inclusión indiscriminada de actores políticos con profundas contradicciones con las reglas de la ética pública.

La aguda crisis multidimensional que afecta a la sociedad colombiana es la consecuencia de la acción de esos sectores provenientes, herederos y adquirientes de un legado cultural originado en la violencia bipartidista, el Frente Nacional, el narcotráfico, el neoliberalismo y el paramilitarismo, un encadenamiento acumulativo patológico cuyos orígenes, contextos y prácticas características tienen nombre propio.

Un Estado débil, cuya situación se menoscaba aún más por su deliberada sumisión a las nuevas reglas de la gobernabilidad global

A ello se suman persistentes fenómenos de descomposición propios de la economía de mercado que han crecido de forma exponencial a medida que la gestión del Estado se ha vuelto más compleja bajo la impericia (o la ambición desmedida) de estos neófitos gobernantes, al tiempo que ‘las comunidades políticas adquieren características más populosas y heterogéneas’, bajo los complejos impactos de la globalización económica y política que interviene en nuestras vidas e instituciones con ritmos, intensidades y alcances desiguales. En otras palabras, un Estado débil, cuya situación se menoscaba aún más por su deliberada sumisión a las nuevas reglas de la gobernabilidad global.

En ese sentido, los componentes de la crisis han construido una ‘personalidad’, un modelo de jerarquías verticales con “gente trasplantada”, cuyo comportamiento atípico en los roles sociales les ha permitido formar una ‘cultura’ de la corrupción, el clientelismo, la violencia y la antidemocracia, para cuya superación las instituciones desarrolladas en las últimas décadas parecen cada vez más inadecuadas.

En 26 años, la Constitución se ha modificado 46 veces. No obstante, en ese lapso la perseverancia de los factores de crisis, la generalización de comportamientos anómalos, la desactivación productiva y la incapacidad política de la mal llamada ‘clase dirigente’ han impedido integrar la sociedad y mediar apropiadamente –sin cabos sueltos– sus conflictos internos.

Desde luego, en el análisis de los factores integrantes de esta crisis no podemos excluir –de acuerdo con el fallecido profesor de la Universidad Nacional de Colombia Guillermo Hoyos Vásquez– el peso que aún tiene la moral católica en la vida política y social del país: “Esta impide el surgimiento de un pluralismo moral, religioso y de distintas formas de vida que refuerzan la vigencia de una sociedad excluyente”. Por ello, manifestaba, según Jurgen Habermas: “Ha llegado la hora de que la política afirme su autonomía respecto al predominio de una moral religiosa” para que, desde una ética comunicativa, se puedan construir democrática y dialógicamente unas reglas del juego incluyentes y un Estado moralmente neutral que garanticen la expresión de las diversas moralidades.

Estos factores –en su totalidad– han incidido negativamente en la estructura social, esto es: en la política, la economía y la cultura.

Ni el Frente Nacional (un remedio apenas homeopático para frenar la violencia bipartidista) ni la Constituyente de 1991 (un pacto de élites que se propuso excluir del acuerdo político a los actores armados del conflicto, aunque construyó un moderno menú de libertades merced a un pluralismo participativo en su seno) fueron lo suficientemente eficaces para contrarrestar la criminalidad, la concentración del poder y la riqueza y la corrupción política, mucho menos para intervenir con capacidad resolutiva en la indispensable regeneración del tejido social, la vigencia de los derechos humanos o la redistribución equitativa de los bienes sociales.

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