Urge un fiscal ‘ad hoc’

Urge un fiscal ‘ad hoc’

En este enrarecido ambiente, esa sería la mejor solución. La Corte tiene la última palabra.

20 de noviembre 2018 , 07:30 p.m.

La figura del funcionario ad hoc ha existido siempre en el ordenamiento jurídico para resolver problemas de conflicto de intereses, impedimentos y recusaciones de altos funcionarios del Estado.

Básicamente, consiste en que cuando en un caso particular el funcionario no puede actuar, el nominador designa uno a fin de que, con autoridad e independencia, lo reemplace para ese asunto particular.

Existe no solamente para el Procurador, Fiscal y Contralor, sino también en la Rama Ejecutiva para ministros, jefes de departamentos, superintendentes y alcaldes, entre otros funcionarios.

Desde su elección como fiscal general, y a raíz de cuestionamientos que le hacían sobre el ejercicio legítimo de su profesión de abogado, el Dr. Néstor Humberto Martínez afirmó que cuando por esas razones se presentara un caso que afectara su independencia para conducir la investigación, le solicitaría a la Corte que nombrara un fiscal ad hoc para no repetir la situación del pasado, en que era el vicefiscal quien asumía la investigación que no podía dirigir el titular. Así ocurrió en la administración pasada para resolver –sin hacerlo– el escándalo de Saludcoop sobre manejo de dineros de la salud de los colombianos.

El fiscal Martínez cumplió su palabra empeñada y, tan pronto se posesionó, presentó un proyecto de ley en ese sentido al parlamento, pero, lamentablemente, no le dieron el trámite que correspondía.

Los conflictos de intereses que dan lugar a impedimentos o recusaciones son personales y no institucionales. En el caso del Fiscal General, esos impedimentos solo existen cuando, en virtud de las normas de la Fiscalía, la decisión deba tomarla directamente el titular, como en los casos de fuero.

Eso explica que él haya manifestado el impedimento cuando, a título personal, tenía que ocuparse de la situación de dos exministras que gozaban de fuero constitucional, en virtud de haber tomado parte en alguna de las decisiones que a ellas se les cuestionaban en el escándalo de Odebrecht. En los demás son los funcionarios de la Fiscalía los que, conforme a las normas de competencia interna, dirigen las investigaciones.

De todas maneras, el Fiscal General manifestó impedimento para orientar cualquier investigación que tuviera relación con el caso Odebrecht, y, siguiendo la legislación vigente, la Corte Suprema designó a la vicefiscal general, quien ha mostrado resultados tangibles en esas indagaciones.

A raíz de los últimos acontecimientos –algunos muy dolorosos– y ante una recusación, la propia vicefiscal le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que, para mayor tranquilidad del país y transparencia en las investigaciones, modifique –como puede hacerlo– su propia jurisprudencia y proceda a designar un fiscal ad hoc para que sea él quien oriente de ahora en adelante no solo las complejas investigaciones sobre cohechos, sobornos, financiación ilegal de campañas, sino las dos trágicas muertes a las que, por el ambiente políticamente enrarecido, se los quiere asociar con la misma investigación central no obstante los pedidos de la familia para no explotar políticamente el caso e ignorando su respaldo a la gestión del Fiscal.

Todo ello aunque la Dra. María Paulina Riveros cuenta con amplia trayectoria, ha ocupado importantes cargos en la administración de justicia y últimamente participó de manera activa en el diseño de la política de paz. Nadie puede poner en duda su trayectoria, su competencia ni su imparcialidad. Con todo, es sano que la Corte acoja su petición.

Es más, en la Rama Ejecutiva, por ejemplo, cuando el consejo de ministros acepta un impedimento, no encarga del asunto al viceministro del ramo sino que designa a otro miembro del gabinete. Esa misma filosofía podría aplicarla la Corte en este caso, cuando, además, existen antecedentes sobre la materia tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría.

En este enrarecido ambiente, en el que, por lo demás, se han hecho abusivas sugerencias, esa sería la mejor solución. La Corte tiene la última palabra.

Columnistas

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