Tardía y extraña confesión

Tardía y extraña confesión

Nadie puede negar rotundamente que eso pudo ocurrir, pero esta ‘confesión’ tiene muchos huecos.

08 de octubre 2020 , 03:43 p. m.

Otra vez, las Farc –ya desmovilizadas y firmantes de un acuerdo de paz con el Estado– intentan poner patas arriba el país. Como organización guerrillera de origen marxista, no pudo tomárselo por la vía armada ni nunca la amenaza fue inminente, pese a los daños causados con la muerte de soldados y policías, toma de pequeñas poblaciones, atentados terroristas y el secuestro utilizado como arma política.

Pero sí influyó en los resultados de varias campañas presidenciales. En 1998, su conocido apoyo inclinó la balanza hacia Pastrana contra la candidatura de Serpa. En ese gobierno protagonizaron un proceso de paz fracasado por las ‘trampas’ del Caguán. En el 2002, el país votó por Uribe como reacción a la que se consideró presencia guerrillera por las gabelas del Caguán. En el 2006 intervino en la reelección de Uribe, al parecer para evitar el regreso a la inseguridad existente en el 2002. Ya como guerrilla desmovilizada, fue claro que la mayoría del país votó por la reelección de Santos para consolidar el anhelado proceso de paz, cuyos frutos comenzaban a darse. Hoy, con su tardía y extraña ‘confesión’ sobre el asesinato de Álvaro Gómez, patean el tablero de la administración de justicia.

El dirigente conservador fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 cuando era presidente Samper, quien contaba con el apoyo político del sector alvarista, encabezado por Juan Carlos Esguerra como ministro de Defensa.

El fiscal Alfonso Valdivieso empezó la investigación con destacados colaboradores –algunos salieron del país por amenazas– y acogió la hipótesis surgida desde el inicio que atribuía el homicidio a un sector del Ejército asociado a civiles que pretendían tumbar el Gobierno vía golpe de Estado.

Como fiscal general continué con esa hipótesis, y en un allanamiento los investigadores encontraron una supuesta ‘acta constituyente’ en la cual se indicaba la necesidad del golpe –del que le habrían hablado a Gómez sin encontrar apoyo– y se citaban nombres del futuro gabinete. Años después de mi retiro, con base principal en declaraciones del narcotraficante alias Rasguño, se abrió otra línea investigativa que apunta a miembros del cartel del norte del Valle en asocio con integrantes de la Policía y frente a la cual hasta hoy no existe ninguna vinculación judicial.

Nunca hubo indicios de participación de las Farc en el asesinato, y ellos no lo aceptaron, ni siquiera durante los diálogos de La Habana. Nadie puede negar rotundamente que eso pudo ocurrir, pero esta ‘confesión’ tiene muchos huecos: justifican el atroz crimen llamando a Gómez “un enemigo de clase”, pero olvidan que en 1995 era un hombre que había acogido la bandera de la paz y perdonado a sus secuestradores del M-19, con uno de los cuales compartió la presidencia de la Constituyente.

Esta autoincriminación es extraña al comportamiento histórico de las Farc como guerrilla. Inicialmente negaron su participación en la bomba de El Nogal y en el atentado a Fernando Londoño. Y es por lo menos raro que quienes hasta hace poco negaban la comisión de delitos documentados –como el reclutamiento de niñas y niños o la violación– de repente admitan la autoría de uno, sin prueba alguna.

Quienes dicen que así quieren proteger a Samper y a Serpa olvidan que en relación con aquel dijeron que no adelantaban conversaciones de paz por ser un presidente ilegítimo. Y frente a este, como dije, en las presidenciales de 1998 tomaron partido en su contra y a favor de Pastrana.

De tiempo atrás existe en el Código Penal el delito de atribuirse falsamente un crimen con fines protervos y para engañar a la justicia.

Ahora la JEP debe determinar cuánto es cierto en tan extraña ‘confesión’ y las desmovilizadas Farc, presentar las pruebas no de inculpabilidad, sino de culpabilidad en el crimen, así como sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que lo cometieron. Solo cuando ello esté claro para la JEP, podría asumir el caso. Mientras tanto, la Fiscalía tiene plena competencia para que pueda entregarle al país las pruebas de cuál de las dos hipótesis que se manejan corresponde a la verdad.

Por lo demás, el crimen de Gómez fue declarado de lesa humanidad. Lo que el país necesita es que se sepa la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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