Sueldo anual de congresistas

Sueldo anual de congresistas

El debate sí es válido, pero si se hace con respecto a la inequidad en la distribución del ingreso.

23 de julio 2019 , 07:00 p.m.

Como cada año, y en cumplimiento de un mandato de la Constitución de 1991, al hacer el ajuste anual del sueldo de los congresistas se pone el grito en el cielo sobre el monto de lo devengado por ellos en comparación con el salario mínimo que ganan millones de colombianos.

Hay algo de farisaico en este debate si recordamos cómo se llegó a la fórmula que hoy se aplica.

Durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, los congresistas no ganaban sueldo permanente sino unas ‘dietas’ de acuerdo con la asistencia a las sesiones, que por lo demás no eran permanentes, como ahora, sino que iban de julio a diciembre.

Cada vez que se presentaba un ‘aumento’ de las dietas, el Congreso entraba en un claro proceso de desgaste frente a la opinión pública, pues se hacían consideraciones parecidas a las actuales. Como el proyecto tenía que ser presentado por los mismos congresistas, muchas veces recurrían al expediente de ‘rifar’ entre ellos a quién le tocaba hacerlo. Yo no sé por qué extraña razón, casi siempre le correspondía al extraordinario orador, parlamentario del Chocó, Diego Luis Córdoba.

Nada tiene que ver la corrupción con los sueldos altos. Un parlamentario no es más corrupto porque gane más que el promedio de los colombianos

Todos resultaban beneficiarios, pero como solo uno de ellos lo presentaba, ante él se dirigían las quejas de la opinión por las exorbitantes dietas, a las que, una vez aprobadas, obviamente ninguno renunciaba.

Para evitar ese falso debate, en la gran reforma constitucional de 1968 del doctor Carlos Lleras Restrepo, uno de los estadistas más reconocidos del siglo XX, se dispuso lo siguiente: “Los miembros del Congreso tendrán, durante todo el periodo constitucional respectivo, el sueldo anual y los gastos de representación que determine la ley”. Es decir, fue entonces cuando se estableció que los parlamentarios ganaran un sueldo permanente, variando el anterior sistema, mediante el cual ganaban por su asistencia a las sesiones. Es uno de los orígenes de la actual discusión.

El otro es el de la tan elogiada Constitución de 1991, que, como se repite con frecuencia, “cambió el país”, lo volvió pluralista y fue el producto –según dicen– del más alto consenso en toda la historia de Colombia.

Pues fue esa Constitución la que estableció, en el artículo 187: “La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.

Es decir, los ajustes anuales del sueldo de los parlamentarios se hacen hoy en cumplimiento estricto de la norma que se inventaron los constituyentes de 1991. Si algún reclamo habría que hacer, sería entonces a la Constituyente, al Gobierno que la inspiró y al pueblo que la votó.

Entre lo que dispuso Carlos Lleras en 1968 y la Constituyente en el 91, se llegó al sistema actual. Habría que decir que en contrapartida se determinó un sistema severo para los parlamentarios que, entre otros puntos, comprende la pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, por tráfico de influencias, o por inasistencia a las sesiones. Igual se extendieron las sesiones prácticamente durante todo el año.

Y, lo más importante, se ‘profesionalizó’ la política, pues a los parlamentarios se les prohibió ejercer cualquier otra actividad, lo que dio lugar, por ejemplo, a despojar de su investidura a Édgar Perea por hacer lo que sí sabía hacer: transmitir partidos de fútbol y cobrar por eso.

Nada tiene que ver la corrupción con los sueldos altos. Un parlamentario no es más corrupto porque gane más que el promedio de los colombianos. El debate sí es válido, pero si se hace con respecto a la inequidad en la distribución del ingreso. Más serio y menos farisaico sería, por ejemplo, expedir una ley general de salarios que comprendiera no solo el sector público, sino también el privado.

Es mucho más sano y efectivo este debate que el emocional de confrontar salario mínimo con ingreso de los parlamentarios, ya que, además, habría que extenderlo a la asignación salarial para los magistrados de las altas cortes, magistrados de tribunal y funcionarios de la Fiscalía y la Procuraduría.

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