Seguridad y justicia

Seguridad y justicia

El narcotráfico y sus organizaciones criminales representan otra causa de la inseguridad.

10 de septiembre 2019 , 07:00 p.m.

Más allá de los resultados sobre preferencias electorales en las principales capitales del país, la última medición muestra que la inseguridad ocupa el primer lugar en las preocupaciones ciudadanas. Y entre la degradación del debate público y político de las últimas décadas, se olvidan puntos elementales como que la razón de ser y la justificación del Estado moderno están en dar a los habitantes de un país seguridad y justicia.

Entre nosotros, la ‘seguridad’ se afecta por factores de muy diversa índole, como lo fue –y en alguna medida lo sigue siendo– una guerrilla armada que ataca no solo a la Fuerza Pública, sino a la población civil, como lo prueba el hecho de que durante la confrontación con las Farc –sustancialmente acabada con los acuerdos de paz– fueron más las víctimas entre la población –por muertes, torturas, violaciones, desplazamientos forzados– que entre las propias fuerzas militarmente enfrentadas.

También hubo más muertes por delincuencia común, e incluso por imprudencia en carreteras y en riñas de vecinos o por violencia intrafamiliar, que por enfrentamiento armado. Para afrontar este aspecto del problema –que incluye la vigencia de parte de las antiguas Farc, el Eln y grupos de bandidos como ‘los Pelusos’, más otros de parecido jaez que, sin serlo, se presentan como grupos políticos armados– el Gobierno debe tener una estrategia múltiple que pasa por corregir el error de la pasada administración al no haber copado inmediatamente las zonas de influencia de las Farc, intensificar las actividades de inteligencia militar y policial e implementar los acuerdos con quienes a ellos se acogieron y renunciaron al uso de las armas a cambio de garantías y políticas. Y parar el asesinato de desmovilizados, líderes sociales y defensores de derechos humanos, colocando esta necesidad como prioritaria en los planes operacionales.

Lo único que no cabe es repetir la fracasada fórmula de hacer consejos de seguridad a posteriori de todo acto criminal, cuando deben ser permanentes y tener carácter preventivo

El narcotráfico y sus organizaciones criminales representan otra causa de la inseguridad que el Estado debe responder con inteligencia y el uso legítimo de la fuerza. Pero eso no se logra solo con atacar los cultivos, sino con una política agraria de sustitución sobre toda la cadena de producción, distribución y enriquecimiento ilícito que le es propia.

Para combatir la delincuencia común –en buena medida asociada a los delitos contra la vida, la integridad y el patrimonio, según lo muestran las estadísticas criminales– se debe idear una estrategia a corto, mediano y largo plazo que no repita una fórmula de comprobada ineficacia, sino que procure la prevención –de componente social– y la represión en acciones no solo coordinadas entre alcaldes y gobernadores con los organismos policiales, sino combinando las modernas tecnologías, muchas ya en aplicación.

Esa nueva estrategia pasa por la redistribución de funciones entre Ejército y Policía y su fortalecimiento, aparte de acabar con la intolerancia causante de muchas muertes. De tiempo atrás, la Policía ha sido consciente de ese papel, que seguramente se incrementará con la llegada del general Jorge Luis Vargas –eficiente director de Inteligencia y de la Dijín– a continuar la labor adelantada por el general William Salamanca, probado en muchos mandos de la institución.

Lo único que no cabe es repetir la fracasada fórmula de hacer consejos de seguridad a posteriori de todo acto criminal, cuando deben ser permanentes y tener carácter preventivo. Aconsejable también sería revisar la ya gastada fórmula de ofrecer antipáticas recompensas según sea mayor o menor la importancia de la víctima.

¿Tal media habrá sido eficaz? Recuérdese el grotesco episodio del guerrillero alias Rojas, recientemente asesinado en Manzanares, entregando al entonces ministro de Defensa la mano amputada de alias Ríos, miembro del secretariado de las Farc, a quien, según denunció, solo se le pagó parte de la recompensa. ¿No es mejor estimular la solidaridad ciudadana, como lo manda la Constitución, antes que patrocinar el ánimo de lucro?

Además, el componente de justicia, estrechamente ligado al de la seguridad, no se puede seguir tratando solo en cómo repartir el poder nominador de las altas cortes.

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