¿Se obedece pero no se cumple?

¿Se obedece pero no se cumple?

Pensemos en un modelo de Estado en el cual se expidan pocas normas, pero que se puedan cumplir.

09 de junio 2020 , 09:25 p.m.

Prueba contundente de que con frecuencia en Colombia la normativa anda de un lado y la realidad de otro es el titular de este diario el sábado 6: ‘Casi 7 de cada 10 órdenes de tutela se incumplieron en el 2019’.

Con razón se ha ponderado esta acción como una de las mayores conquistas de la Constitución (CP) del 91, pues se trata de un mecanismo ágil de amparo ciudadano ante la inminente lesión de un derecho fundamental. Muchos colombianos han accedido a tratamientos médicos o sistemas de protección, gracias a la tutela.

Pero aunque la CP establece (art. 86) que la solicitud de tutela se debe decidir por tarde en 10 días, pronto la modorra judicial invadió la nueva esperanza, y las tutelas también comenzaron a fallarse de manera extemporánea. Y es más patético lo relativo a su cumplimiento, según el mencionado informe: solo el año pasado, en un 70 % se quedaron sin cumplir las ‘órdenes’ de tutela. Muchos pacientes han muerto con decisión de tutela en sus manos en la que se ordena el tratamiento, que nunca les hicieron.

Abundan los casos para mostrar que aquí el ‘Estado de derecho’ es en gran medida una ficción. Normas sobran para todo. Pero no se logra hacerlas cumplir. Nos quedamos como en la Colonia, cuando a las órdenes reales de Madrid respondían las autoridades de ultramar: “Se obedece pero no se cumple”. Así ha sido siempre, empezando por las disposiciones constitucionales.

Mantuvimos la citada ficción a pesar de que en un amplio lapso entre 1949 y 1958 no tuvimos Congreso ni separación de poderes, pero sí 4 años de abierta dictadura militar. Por mucho tiempo la única legislación fue la marcial, mediante decretos de estado de sitio, como el temible toque de queda, de regreso con el pretexto del coronavirus.

Ni qué decir de la CP del 91: si solo se cumplieran en un tercio los derechos fundamentales que contiene, Colombia sería un paraíso. Se protege el derecho a la vida, pero los asesinatos de líderes sociales no generan acción estatal contundente ni protesta ciudadana. Para hacer cumplir las normas de la cuarentena se mata a un joven negro en Puerto Tejada.

La CP señala que la dirección general de la economía está a cargo del Estado, pero su intervención solo se reclama en situaciones extremas, como la actual. O que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás, pero no solo son víctimas de explotación laboral y sexual, sino que en muchos lugares mueren por desnutrición y descuido del sistema de salud. O que todo colombiano tiene derecho a una vivienda digna, pero muchos compatriotas aún viven en casuchas y tugurios. Por eso, casi todos los presidentes han asimilado que gobernar es ‘legislar’ y más que en acciones piensan en disposiciones, por lo cual hasta deben pagar ‘peajes burocráticos’ al Congreso para pasar innumerables leyes.

Durante la pandemia, bien llevada en términos generales, se han expedido cerca de 100 normas por emergencia económica y social o por el uso de facultades de Policía para el manejo del orden público. Cabría preguntarnos: ¿cuántas se han dictado en España, Suecia, Alemania o EE. UU.? Como siempre, el excesivo número de leyes y decretos dificulta controlar su cumplimiento. ¿Cómo garantizar que, digamos, los mayores de 70 se queden en sus casas o que solo salgan, como decretó la alcaldía de Santa Marta, ¡con autorización de sus padres!?

Por infringir normas sobre cuarentena, la Policía ha impuesto más de 500.000 comparendos, cada uno por un millón de pesos. ¿Cómo se van a cobrar? ¿Qué le embargarán a quien nada tiene y sale a rebuscarse la vida? ¿Habrá procesos coactivos para embargar zorras con frutas y verduras o carretas con aguacates? Es probable que muy pocos ciudadanos –entre quienes seguramente se encontrará la aguerrida senadora Angélica Lozano– hayan podido pagar esa suma.

¿Por qué no aprovechamos este encierro para pensar en un modelo de Estado distinto en el cual se expidan pocas normas, pero que se puedan cumplir? A nuestra clase política le vendrían bien estas palabras de Churchill: “Si destruyes un mercado libre, creas un mercado negro. Si creas diez mil regulaciones, destruyes todo el respeto por la ley”.

Alfonso Gómez Méndez

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