Protección a los líderes

Protección a los líderes

No es admisible que estén muriendo por la acción de bandas criminales. Es deber del Estado impedirlo

07 de mayo 2019 , 07:00 p.m.

Solo quienes ignoran el trágico pasado reciente del país pueden minimizar la gravedad que implica el asesinato, ya no aislado, de guerrilleros desmovilizados, sino también de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, profesores, campesinos o dirigentes de izquierda democrática.

En 1984, Belisario Betancur dio inesperado inicio a un proceso de paz con la poderosa Coordinadora Nacional Guerrillera, buscando una solución política al conflicto. Se logró el cese bilateral de un año convenido en esos acuerdos, en el que se leen cosas tan interesantes como que las Farc condenan el secuestro, la extorsión, el boleteo, el narcotráfico, el atentado personal, la desaparición de personas, la tortura, y se comprometen a defender el patrimonio público, el bien común y la tranquila convivencia ciudadana.

A cambio, fuera de la amnistía, allí no piden ni organismos distintos de justicia, ni gabelas especiales ni curules por decreto. Pero sí, garantías políticas y seguridad personal para los desmovilizados y para el partido Unión Patriótica (UP), surgido de esos acuerdos. Ese compromiso, que solo requería para su validez “la ratificación del señor Presidente de la República”, se firmó en 1986. Luego vino el exterminio sistemático de la UP: desde sus candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo hasta representantes, senadores, diputados, concejales y alcaldes.

Es obvio que la solución no puede ser un escolta para cada persona actual o potencialmente amenazada. Pero el Estado hace hoy lo que no hizo en el caso de la UP en los años 80 y 90 del siglo pasado.

Otra sería hoy la suerte de esta Nación si sectores del establecimiento aliados con ‘despistados’ miembros de la Fuerza Pública de la época no hubieran tolerado este baño de sangre. Ojalá la JEP pueda esclarecer lo que realmente pasó.

Es muy probable que de haberse continuado aquel proceso –valientemente defendido por Betancur, a pesar de amigos e integrantes de su gobierno–, la guerrilla de las Farc se hubiera desmovilizado desde entonces.

La única manera de evitar que un fenómeno semejante se repita es propender, como corresponde en un Estado de derecho, por el monopolio legítimo en el uso de las armas por las Fuerzas Militares y de Policía (FMyP).

Admitiendo que se dio un buen paso en el gobierno anterior al lograr, por negociación política, la desmovilización de la gran mayoría de integrantes de las Farc, es claro que se falló al no haber previsto copar las zonas liberadas por los acuerdos con integrantes de nuestras FMyP.

No es admisible que los líderes sociales estén muriendo por la acción de bandas criminales, ya que es deber del Estado impedirlo. Tampoco se puede justificar por el actuar del narcotráfico, la minería ilegal o los ‘tierreros’: la seguridad pública es una de las razones de ser del Estado que nunca es dable hacerla a un lado.

Hay que admitir, sí, que el Gobierno –para el caso, Mininterior y Unidad Nacional de Protección (UNP)– hace lo posible por proteger a líderes amenazados, como lo prueba el hecho de que gracias a la acción de la UNP se impidió una terrible masacre en la que habría sido víctima Francia Márquez, ganadora del premio Goldman o ‘Nobel del medioambiente’.

Según el Mininterior, a la fecha hay 7.403 protegidos; entre ellos, 4.506 líderes y lideresas sociales. Actualmente hay 598 medidas colectivas. Es obvio que la solución no puede ser un escolta para cada persona actual o potencialmente amenazada. Pero el Estado hace hoy lo que no hizo en el caso de la UP en los años 80 y 90 del siglo pasado.

Solo de dos maneras se puede frenar este, el principal ataque al proceso de paz: creando las condiciones políticas y sociales para la tolerancia cero con esta clase de crímenes; y, sin esguinces, poniendo al servicio de esa causa todo el peso legítimo del Estado –Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía–, bajo el liderazgo de su comandante general, el Presidente de la República.

Los delincuentes de todos los pelambres deben saber que para oponerse a sus designios criminales está todo el aparato militar y judicial del Estado, sin contemplaciones. Si no se logra, podemos comenzar a rezarle los responsos al proceso de paz.

Columnistas

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