Propuestas del mininterior y el Fiscal General

Propuestas del mininterior y el Fiscal General

Parecería que no se tiene claro de qué se está hablando cuando se emplea la palabra ‘corrupción’.

15 de agosto 2018 , 02:49 p.m.

A propósito del debate sobre la cacareada consulta anticorrupción, sigo sin entender por qué los colombianos no nos hacemos dos preguntas básicas: la primera, si contamos o no con herramientas jurídicas para investigar, procesar y encarcelar a quienes se apropian por diferentes formas de los dineros públicos.

Parecería que, a fuerza de repetirla, no se tiene claro de qué se está hablando cuando se emplea la palabra ‘corrupción’. Suele asociarse a los delitos contemplados desde siempre en el Código Penal contra la administración pública.

En anterior columna ('¿Para qué la consulta anticorrupción?') cité las normas penales y disciplinarias que hoy rigen, y a veces no se cumplen, impositivas de penas hasta de 50 años por delitos como el peculado, así que si las disposiciones existen, la solución no es crear otras o repetir las vigentes solo para que sigan siendo letra muerta.

Se olvidan muchas cosas: que políticos, ministros, gobernadores, alcaldes y otros altos funcionarios han ido a parar con sus huesos a la cárcel por varios años con la normativa que rige. O que, por lo menos, medio centenar de parlamentarios han sido desinvestidos por el Consejo de Estado.

Ahora, cuando tanto se habla de ‘pacto’, valdría hacer uno entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero para aplicar las leyes existentes, no para seguir por el sendero del ‘fetichismo normativo’.

Políticos, ministros, gobernadores, alcaldes y otros altos funcionarios han ido a parar con sus huesos a la cárcel por varios años con la normativa que rige.

La segunda pregunta es sobre la relación que puede darse entre las normas propuestas y el fenómeno de la corrupción pública y administrativa. Eso no se ha hecho, y lo que ha ocurrido es que de manera arbitraria se clasifica a los colombianos como amigos o enemigos de la corrupción, según estén o no de acuerdo con la inane consulta.

Solo como ejemplo, ¿qué tiene que ver con la corrupción que una persona tenga mayor o menor sueldo?

Ese debate puede darse en el terreno de la equidad, pero no en el de la lucha contra la corrupción. Lo mismo cabe decir de la permanencia por varios periodos en corporaciones públicas: puede ser un asunto de falta de movilidad política, pero no de combate a la corrupción. Aquí no dejo de pensar, entre otros personajes, en el representante a la Cámara Germán Navas Talero, que tanto bien le ha hecho a la democracia en cuatro o cinco periodos.

Pero, si se aceptara que el problema es de normas y no de su falta de aplicación, parecerían mucho más razonables las propuestas de la nueva ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al radicar como proyectos de reforma constitucional o legal algunas de las iniciativas de la consulta.

Independientemente de que por este camino se evitaría su altísimo costo, el debate parlamentario permite discutir en frío y sin superioridad emocional la conveniencia integral de la consulta. De ese debate en el Congreso, con la intervención de todas las fuerzas políticas, puede surgir ese gran pacto contra el ‘fetichismo normativo’. O también, que algunas de esas disposiciones pueden ser complementarias de las que ya existen. O que los llamados organismos de control, en este tema sean más eficientes en materia de sanciones reales.

Algunas de ellas pueden ameritar un debate más a fondo, como la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. Por ejemplo, un caso como el de Odebrecht, ¿si no es aclarado suficientemente en tres años, podrá serlo dentro de cuarenta o cincuenta, cuando las pruebas hayan desaparecido o, incluso, hayan muerto sus principales protagonistas? El tiempo que transcurre es la verdad que huye, me enseñaba mi profesor de pruebas, Antonio Rocha.

De otro lado, conviene advertir que, como lo ha dicho la ministra del Interior, si el trámite parlamentario de estas propuestas puede ser un colchón por si la consulta, como todo parecería indicar, no alcanzara el umbral de los 12 millones, es el Congreso el que tiene la palabra si se toma en cuenta, además, que ya ha aprobado en dos debates el proyecto anticorrupción presentado por el fiscal Néstor Humberto Martínez.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Columnistas

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