Paros, marchas y oposición

Paros, marchas y oposición

Cuando se requiere, las expresiones de descontento sirven como voces de alerta para enderezar rumbos

19 de noviembre 2019 , 07:00 p.m.

Llama la atención cómo el paro o marcha anunciado para mañana jueves se tomó, prácticamente desde hace un mes, la agenda pública nacional. Gobierno, medios, dirigentes gremiales, sindicalistas y partidos oficialistas o de oposición, desde perspectivas distintas, lo han venido considerando una estrategia de desestabilización venida del exterior o una sentida expresión de inconformidad social.

Podría hablarse hasta de cierta histeria colectiva, que pasa por quienes anuncian catástrofes, o las entidades privadas que previamente cierran actividades, o advierten que no abrirán establecimientos de comercio, o no sacarán sus vehículos de transporte público o privado, o se proveen de abastos para varios días, o han optado por no viajar, cancelar eventos, misas y bodas, o simplemente decidieron no salir ese día de sus casas.

Parecería la primera vez que se presenta un hecho de tal naturaleza. Pero no es así. Es cierto que algunos de esos ‘paros’, en coyunturas distintas, tumbaron gobiernos, como el bancario y patronal del 10 de mayo de 1957, cuando cayó el dictador Rojas Pinilla. Y que en 1965 se presentó una gran movilización de maestros encabezada por el entonces líder sindical –hoy prestigioso abogado– Adalberto Carvajal. Se llegó a pensar que el ministro de Guerra de la administración Valencia aprovecharía ese caso para empollar aspiraciones políticas por un paro general anunciado para el 25 de enero de ese año. No era cierto, pero el presidente llamó a calificar servicios al general Ruiz Novoa.

No hay por qué relacionar lo sucedido en Chile, Ecuador o Perú con esta situación concreta. Si algún día hubiere –Dios no lo quiera– una explosión social en Colombia, sería mucho más fuerte

Tal vez el más recordado sea el del 14 de septiembre de 1977, contra López Michelsen, curiosamente organizado por una central obrera comunista a la que el propio ‘compañero jefe’ le había dado la personería jurídica negada por otros gobiernos, asociada con una organización sindical cercana a un sector del conservatismo –el de doña Bertha de Ospina– que hacía feroz oposición al gobierno del ‘mandato claro’.

Ese paro, con efectos sobre todo en Bogotá, fue violento, produjo una treintena de muertos y tuvo otras consecuencias políticas. Comenzando el mandato Turbay, un grupo terrorista asesinó vilmente en su residencia a Rafael Pardo Buelvas, ministro de Gobierno de López, aquel fatídico día. En diciembre de 1977, la cúpula militar le propuso a López una serie de drásticas medidas de policía que él no aceptó, pero que en el gobierno siguiente se convirtieron en el llamado Estatuto de Seguridad.

Claro que en los últimos años ha habido ‘paros nacionales’ –en especial de obreros, maestros y jueces–, marchas cocaleras y el famoso ‘paro agrario’, que los aduladores palaciegos –siempre activos– no le dejaban ver al presidente Santos. También, marchas indígenas con parálisis incluida por algún tiempo de la vía Panamericana.
En verdad, muchos de esos paros se han resuelto con una serie de promesas luego incumplidas por los gobiernos.

Esta vez, el presidente Duque ha dicho lo que le corresponde como jefe de Estado: se garantiza la protesta, pero se protegen los derechos de los demás ciudadanos y se preserva el orden público. Es posible que todas esas expresiones tengan que ver también con la ausencia de partidos políticos, que deben ser precisamente los canales de comunicación entre el ciudadano y el Estado. Pero esas expresiones de la democracia participativa son también legítimos derechos de la oposición, necesaria en todo régimen democrático.

Es verdad que muchas de las causas enunciadas como justificativas no corresponden a hechos reales, como dice el Gobierno. Pero, cuando se requiere, las expresiones de descontento sirven como voces de alerta para enderezar rumbos. El límite está en que estas manifestaciones deben ser pacíficas y respetar los derechos ciudadanos.

No hay por qué relacionar lo sucedido en Chile, Ecuador o Perú con esta situación concreta. Si algún día hubiere –Dios no lo quiera– una explosión social en Colombia, sería mucho más fuerte, dado que durante años, por vía de la impunidad social y política, sumada a oídos sordos ante las inequidades sociales, hemos dejado calentar una olla que, si no encauzamos el descontento por las sendas democráticas, podría llegar a explotar como la del Bogotazo.

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