Pandemia, cifras y violencia intrafamiliar

Pandemia, cifras y violencia intrafamiliar

La crisis, entre otras cosas, ha puesto al descubierto la falencia sobre datos y cifras del país.

23 de junio 2020 , 09:25 p.m.

Una de las grandes dificultades para la fijación de políticas públicas en el país radica en que muchos sectores de la actividad económica y social no tienen cifras serias y confiables. No ha sido posible, por ejemplo, contar con un sistema de catastro que permita saber con exactitud la situación de la propiedad urbana y rural, lo que incide en muchos temas, incluido el de impuestos, que no suelen ser los que corresponden porque para este efecto –que es un factor de distribución del ingreso– generalmente las propiedades están subvaloradas.

El asunto es más dramático en materia rural. Aunque fue uno de los temas del acuerdo de La Habana y el presidente Duque ha mostrado su voluntad de cumplirlo, aún no ha sido posible implementar el catastro multipropósito.

En materia de política criminal, cada quién tiene sus propios datos. Como no conocemos las causas ni las modalidades de la delincuencia, nada se hace en prevención y nos limitamos a medidas facilistas de aumentar penas, sin saber si en verdad se van a aplicar o no.

La pandemia, entre otras muchas cosas, ha puesto al descubierto esta falencia sobre datos y cifras. No se tenía claridad sobre la población vulnerable no obstante la existencia de algunos datos con base en programas asistencialistas como Familias en Acción o Adulto Mayor. Tampoco conocíamos plenamente el alcance de la informalidad en materia laboral, sobre todo el número de personas que viven del día a día o del rebusque en la calle. Por eso, en muchos casos no ha sido posible llegarle a la población realmente necesitada, y en otros se han enviado auxilios a quienes no los necesitan. No sabemos si muchos de los que, como locos, salieron el día sin IVA a comprar televisores y equipos de sonido son los mismos del trapo rojo como señal de necesidad alimentaria.

Tampoco conocíamos la situación real de hospitales y clínicas. Hemos venido a descubrir su precariedad en regiones como Chocó, La Guajira o la costa Pacífica. ¿Qué tal venir a “descubrir” que, en muchos lugares, médicos y enfermeras llevaban meses sin recibir su salario, aunque trabajan como apóstoles?

Diariamente nos dan a conocer el número de fallecidos por coronavirus. Pero ¿hemos hecho el mismo ejercicio diario con los muertos por infarto, insuficiencias renales, enfermedades respiratorias, cáncer, dengue y hasta por hambre y desnutrición?

Menos conocemos sobre realidades sociales de grupos de personas y de familias. La Constitución define la familia como núcleo esencial de la sociedad que debe ser estimulada y protegida por el Estado. Sin embargo, hay paradojas: antes del coronavirus se decía que por dedicarse al trabajo padres o madres de familia descuidaban la atención de sus hijos y no les daban todo el cariño y afecto necesario. Y ahora que, gracias al confinamiento y al teletrabajo, la familia está unida se registra en los medios que han crecido la violencia intrafamiliar, contra las mujeres y aun los casos de abuso.

En patética entrevista en el Espectador con la periodista Cecilia Orozco, la secretaria distrital de la Mujer, doctora Diana Rodríguez, señala: “Al comienzo de la cuarentena las llamadas a la línea púrpura aumentaron un 230 %. Pasado el primer mes bajó el número, pero aún tenemos más del 100 % sobre las que recibíamos antes...”. Es más, me llamó la atención el título de la entrevista: ‘¿Violencias en el hogar?’. ‘Diríjase al encargado de la tienda…’.

La Secretaria Distrital se refiere a un programa para facilitar las denuncias de violencia doméstica. Algo muy grave debe estar pasando en nuestra sociedad para que el hogar no sea un lugar de tranquilidad sino, en algunos casos, fuente de violencia y hasta de abuso sexual. Aquí también fallan las cifras, pues no se tiene conocimiento exacto sobre de dónde provienen las denuncias, los hechos mismos, cuál ha sido la suerte de las víctimas o qué ha pasado con los victimarios.

Los gobernantes –incluido el Congreso–, antes que pensar en salidas fácilmente vendibles ante la galería, deberían asesorarse de sociólogos, psicólogos, criminólogos, economistas, estadígrafos y hasta de filósofos.

Alfonso Gómez Méndez

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