Otra vez, el sistema penitenciario

Otra vez, el sistema penitenciario

Falta de una política criminal estable, una de las causas de las fallas en el sistema penitenciario.

19 de febrero 2019 , 07:00 p.m.

Un reciente y completo informe de este diario puso de nuevo en evidencia las conocidas fallas de nuestro sistema penitenciario: hacinamiento, violación de los más elementales derechos humanos, organizaciones delincuenciales en las cárceles, deficiencia en el personal de custodia, nulo o muy escaso control sobre los miles de procesados e incluso condenados en detención domiciliaria, patios de primera, segunda o quinta categoría en los que se paga por cosas esenciales como usar el baño y otras que violan los reglamentos, verbigracia introducir alcohol, drogas o prostitutas, y corrupción casi generalizada.

Como ministro de Justicia en el 2013, frente a una queja del entonces defensor del Pueblo, Jorge Otálora, llevé al Congreso una nota de este periódico, de cien años atrás, con parecidas denuncias. La pregunta es, entonces, por qué le ha quedado grande al Estado resolver la ‘cuestión carcelaria’, no obstante las múltiples reformas de todo orden, que incluyen leyes fuertes o laxas según la época, varios códigos penitenciarios y cambios de nombre –Dirección de Prisiones por Inpec–, o cuando de este se segregó la Uspec –la más apetecida por los políticos–, que maneja todo el tema de contratación, mientras que el primero solo se ocupa de la vigilancia.

Las causas son múltiples, pero señalaré inicialmente dos. En primer lugar, la falta de una política criminal estable, toda vez que las leyes han estado al vaivén de los escándalos mediáticos. Muchas veces hemos ensayado el socorrido mecanismo de aumentar las penas, con los resultados conocidos: recuérdese que en la engañosa consulta anticorrupción se le hizo creer al pueblo que esta existía por ausencia de penas severas.

Lo endeble del argumento también se observa cuando al exalcalde capitalino Samuel Moreno, aún amparado por la presunción de inocencia, se lo condena en primera instancia a 39 años por peculado. Porque si las penas altas –y la cárcel– influyeran en disminuir la delincuencia, esta prácticamente habría desaparecido de Colombia, con uno de los sistemas punitivos más drásticos de la región.

Aún se cree que la solución de todos los problemas es el Código Penal y que cuanto más dura sea la cárcel, más se combate el delito, olvidando así el papel resocializador que debe cumplir la pena, pues nuestras cárceles ya no rehabilitan a nadie. Y mecanismos que iban en esa dirección se han desnaturalizado por completo, como la reducción de pena por trabajo o estudio (Ley 32 de 1971), de autoría de Heraclio Fernández Sandoval, convertida en fuente de corrupción por los certificados que deben dar los directivos de las cárceles y por evidentes abusos. Igual ha ocurrido con los jueces de ejecución de penas y medida de aseguramiento, cuya función se ha limitado a conceder rebajas y excarcelaciones anticipadas, no siempre exentas de corrupción. Mucho tendría por hacer aquí el Consejo de la Judicatura.

Y la segunda causa del fenómeno ha sido la falta de seriedad de la clase política, a la que el tema no le interesa, pues, como dijo alguna vez el maestro Echandía, la construcción de cárceles no produce votos. No ha sido seria la clase política en el diseño de una política preventiva. En los países desarrollados están cerrando cárceles, porque la prevención prácticamente elimina la delincuencia.

No han sido serios los gobiernos cuando en los últimos 30 años, los ministros de Justicia han durado en promedio quince meses. Tampoco lo ha sido la tarea relativamente fácil de crear centros con una concepción humanitaria que evitaría el hacinamiento y, de paso, la corrupción para que se pague por estas en los patios menos malos. Ni han sido serios los gobiernos en el momento de asignar recursos ni para formar como es debido al personal de custodia y vigilancia.

Si últimamente se ha nombrado como directores a distinguidos oficiales activos de la Policía Nacional, se podría pensar, entre diversas alternativas, en la creación de una policía especializada de prisiones que incluya no solo policías, sino sicólogos, siquiatras, médicos, sociólogos y trabajadores sociales.

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