Orden público y justicia

Orden público y justicia

El Presidente debería tomar el toro por los cuernos y ocuparse del mantenimiento del orden público.

26 de febrero 2019 , 07:11 p.m.

Prácticamente todos los autores que se ocupan del Estado moderno coinciden en que su razón de ser radica en dos aspectos básicos: el mantenimiento del orden público y la garantía de que un organismo independiente –el Poder Judicial– resuelva de manera pronta e imparcial los conflictos que se presentan entre los ciudadanos y entre estos y el poder.

Por eso, desde siempre nuestra Constitución ha atribuido al presidente las funciones de mantener el orden público, restableciéndolo donde fuere perturbado, y de trabajar para que en la República se administre pronta y cumplida justicia.

Es notorio que falta una política integral que incluya activar la inteligencia del Estado, la acción militar y policial y la eficacia judicial.

El concepto de orden público apunta esencialmente a los factores que alteran la convivencia ciudadana, las libertades públicas y el normal funcionamiento de las instituciones. Por razones muy particulares de nuestra historia, ese orden público se asoció, en el siglo XIX, a los llamados ‘levantamientos’, durante las guerras civiles, y en el XX, a la existencia de grupos armados que pretendían tomarse el poder por la vía violenta. Con el pretexto de preservarlo, el país vivió muchísimos años en ‘estado de sitio’, se cerró el Congreso por una década, argumentando que su funcionamiento era incompatible con la preservación del orden público, y hasta sirvió para cambiar la Constitución en 1991, asumiendo implícitamente que la carta de 1886 era la causa de la perturbación.

En tal sentido fue loable el proceso de paz con las Farc, que, con todo y sus inconvenientes, permitió desarmar una poderosa guerrilla. Debería hacerse todo lo posible para impedir que ese proceso, imperfecto pero eficaz, pueda echarse para atrás.

Lamentablemente no se aprovecharon la desmovilización y el desarme de esa agrupación insurgente para copar, por la Fuerza Pública y demás instituciones del Estado, las regiones donde operaba, pero en cambio sí se apropiaron de ellas grupos armados de todos los pelambres.

Ahí sigue el dolor de cabeza del Eln, que no solo desaprovechó una oportunidad para acordar una salida política, sino que su acción torpe y terrorista contra jóvenes policías prácticamente la cerró por un tiempo. Pero, aun así, no es descabellado persistir para evitar que más colombianos sigan siendo víctimas de esta absurda e inhumana confrontación.

Sin embargo, como el orden público no se ve afectado solamente por los grupos subversivos, sino también por las bandas criminales, el narcotráfico y la delincuencia común, es notorio que falta una política integral que incluya activar la inteligencia del Estado, la acción militar y policial y la eficacia judicial. Facilitar la tenencia de armas a particulares no puede reemplazar el papel del Estado, por expreso mandato constitucional garante de la seguridad colectiva, sin perjuicio de la obligación general de todo colombiano de colaborar con la Fuerza Pública y los jueces.

Hay mecanismos claramente desgastados que es preciso revisar, como los socorridos ‘consejos de seguridad’ cada vez que hay un acto terrorista o una masacre, pero que se deberían hacer para prevenir y no ex post facto. Lo mismo cabe decir de las recompensas, que estimulan el ánimo de lucro y no la solidaridad colectiva que ordena la Constitución, aparte de que se han prestado para enriquecerse con negocios non sanctos.

Y la política criminal, que, desde luego, no puede seguir siendo objeto de bandazos; ni continuar creyendo que su único tratamiento se encuentra en el Código Penal. Las penas están desajustadas, y por eso tiene razón María Eugenia Rojas cuando, en reportaje a Semana, señala que mientras a su hijo, por peculado, le imponen 40 años de prisión, a ‘Popeye’ por 300 asesinatos lo condenaron a 23.

El sistema penal acusatorio sigue haciendo agua, con sus hoy cuestionados principios de oportunidad. La Fiscalía, a veces, ya no puede disponer más capturas porque las URI, usadas como centros de reclusión, presentan hacinamiento. En estos dos temas, el Presidente de la República debería tomar el toro por los cuernos y ocuparse como jefe de Estado del mantenimiento del orden público y del logro de una pronta y cumplida justicia, como dispone la Constitución.

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