¿Nuevas elecciones regionales?

¿Nuevas elecciones regionales?

Los ciudadanos deben estar alerta para no dejarse engañar de falsos abanderados de la ‘antipolítica’

02 de julio 2019 , 07:22 p.m.

Con el inicio del periodo para inscripción de candidatos, arrancó en firme el proceso electivo de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles, el próximo octubre. También entró a regir la absurda e hipócrita ley de garantías, que pone en innecesaria interinidad todas las administraciones regionales, dado que nunca ha servido para lograr real transparencia en los procesos electorales.

Ojalá ahora sí se haga efectiva la fórmula de una verdadera descentralización política, iniciada con la elección popular de alcaldes en 1986 y continuada con la Carta de 1991. Porque, aunque los mandatarios locales son elegidos popularmente, se ha acentuado la centralización, pues, como en general no producen recursos propios, dependen de cuanto en Bogotá decidan distintos ministerios –en especial el de Hacienda– y Planeación Nacional sobre transferencias, regalías y priorización de proyectos.

En octubre estarán a prueba las autoridades electorales, a ver si por fin logran controlar los inmensos recursos de origen legal e ilegal invertidos en las campañas. Esa financiación ilegal es fuente principal de corrupción, porque los elegidos con inmensas fortunas quedan hipotecados a sus benefactores para devolverles lo invertido en puestos y contratos.

En octubre estarán a prueba las autoridades electorales, a ver si por fin logran controlar los inmensos recursos de origen legal e ilegal invertidos en las campañas

Hoy basta con utilizar las modernas tecnologías para detectar dónde y cómo se violan los topes electorales, conducta que acarrea la pérdida de investidura en el cargo. Con solo hacer eso, estaríamos ante una verdadera revolución en nuestro sistema electoral. El clásico ‘chocorazo’ no se da, como suele creerse, el mismo día de elecciones, cuando todo está arreglado, sino durante todo el proceso.

¿Pero veremos también cuánto hemos avanzado en cultura política para que la gente no cambie el voto por favores burocráticos o beneficios individuales de carácter económico? No solo se vende el voto cuando se recibe dinero en efectivo. Y en ese punto, ¿podrá el sistema financiero, digamos, ayudar para que no corran esos ríos de dinero en efectivo los meses o días previos al certamen electoral? ¿O volveremos a ver el triste espectáculo de individuos sorprendidos a cielo abierto con esas ingentes sumas pero a quienes las autoridades policivas y penales nada les hacen?

¿Y debe servir también de termómetro para saber si en algo hemos avanzado en la consolidación de partidos políticos y no vaya a repetirse el simple reparto de avales a diestra y siniestra, a menudo movidos por torvos intereses, sin asomo alguno de coherencia política o de ética?

Los ‘repartidores de avales’ deberían saber y temer que son responsables, política y aun penalmente, cuando los elegidos con su apoyo resultan comprometidos en casos de inhabilidad, incompatibilidad o abierto desacato a las normas disciplinarias y penales, y que esa responsabilidad puede llegar hasta la pérdida de la personería jurídica.

Los ciudadanos deben estar alerta para no dejarse engañar de falsos abanderados de la ‘antipolítica’, bajo cuyo alero pueden llegar a cometer los mismos o peores desatinos que los políticos ‘tradicionales’. No hay nada más peligroso que un político disfrazado de antipolítico con máscara de actor, periodista, deportista, profesor o predicador. Muchos de quienes con ese engaño llegaron al poder terminaron con los huesos en la cárcel por apropiación ilícita de fondos públicos.

Con excepciones, la elección de gobernadores y alcaldes ha implicado inestabilidad, por cuanto los mandatarios terminan incumpliendo el periodo por hechos de inhabilidad electoral, por declaratoria de nulidad de la elección y hasta por destituciones disciplinarias o procesos penales.

Esta conquista democrática no puede deslegitimarse por la ocurrencia de esos casos en los cuales ciudades o departamentos, durante un periodo, han tenido tres, cuatro, cinco y aun seis titulares de la administración, con todo lo que ello significa en términos de retraso administrativo.

En buena parte, el éxito de este proceso radica en cuanto en materia preventiva puedan hacer las autoridades electorales, los organismos de control y la propia justicia penal.

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