Marchas y cantaleta anticorrupción

Marchas y cantaleta anticorrupción

No distraigamos más la solución del problema con arengas populistas.

03 de diciembre 2019 , 07:00 p.m.

Si nos guiáramos por los motivos aducidos para justificar el ejercicio legítimo del derecho a las marchas de estos días, concluiríamos que constituyen un gran ‘juicio histórico’ a los gobiernos de por lo menos los últimos 50 años.

En efecto, exceptuadas las reformas atacadas pero aún no presentadas, casi todos los argumentos esgrimidos son ciertos. Que Colombia es uno de los países con mayor desigualdad social, lo sabemos desde siempre, aunque con alguna lentitud ha ido aumentando el número de quienes salen de la pobreza absoluta o pasan a la clase media. Que el Estado a menudo ha sido incapaz de proteger tanto a quienes han entregado las armas en procesos de paz con grupos insurgentes como a líderes y lideresas sociales, también lo sabemos. Y que nunca se reaccionó oportunamente para impedir que eso ocurriera.

Ahí está la historia. Guadalupe Salcedo fue asesinado, indefenso, tras entregarse con más de 3.000 guerrilleros liberales del Llano en el gobierno de Rojas Pinilla. A Carlos Pizarro lo mataron después de haber suscrito la paz con Barco y su ministro Carlos Lemos. Firmados los acuerdos de paz con Betancur surgió el partido Unión Patriótica (UP), la mayoría de cuyos dirigentes, sin haber participado en la confrontación armada, fueron exterminados físicamente con cierta complicidad oficial, que ojalá se devele en la JEP. Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo, candidatos presidenciales de la UP que nunca empuñaron un arma y en cambio criticaron la entonces política ‘fariana’ de “combinación de las formas de lucha”, también cayeron asesinados. Que nuestra democracia es puramente electoral, lo sabemos desde siempre, y aunque en la Carta del 91 se dijo que se pasaba de la “democracia representativa a la participativa”, ello ha sido un mero enunciado.

Claro que las marchas reflejan el descontento contra una clase política que de tiempo atrás no interpreta a la sociedad, como repetía Galán. La preocupación por proteger el medio ambiente viene de muchos años, pero es difícil achacarle la culpa de su deterioro a un gobierno específico. Normas las hemos tenido todas, desde la expedición del Código de los recursos naturales en 1974 al final del mandato Pastrana Borrero. Ha habido también verdaderos quijotes que enarbolaron esa bandera mundial, como Margarita de Botero, Julio Carrizosa o Manuel Rodríguez. Ninguna de las grandes falencias se le puede endilgar al gobierno Duque, con apenas 15 meses de ejercicio; aun entendiendo que las críticas se dirijan a él en cuanto jefe de Estado, seguramente no les va a poner espejo retrovisor a sus antecesores que pasaron de agache ante la acumulación del descontento social, explicable también por el desmedro existente en materia de salud integral para todos los colombianos.

¿Y qué tal otra vez la cantaleta de la lucha ‘anticorrupción’, convertida en insignia populista en pro de réditos políticos y olvidando en su análisis conceptos elementales? Por tal se debe entender el abuso del poder para lograr beneficios económicos y defraudar el Estado, lo cual ya sanciona el Código Penal (CP). Se olvida que por un peculado o un cohecho, según la legislación vigente, se han impuesto penas de cárcel mayores de 20 años.

Aplicar el CP de modo estricto no corresponde al Presidente, sino a la Fiscalía y a los jueces. No distraigamos más la solución del problema con arengas populistas.
Apliquemos la figura del enriquecimiento ilícito, muy fácil de probar demostrando un desequilibrio entre lo que se gana y lo que se gasta. El Congreso debería sacar menos leyes –muchas incumplidas– y hacer más control político. Las grabaciones de serios casos de corrupción palpable solo son noticia de un día.

Y en cuanto a que para luchar contra la corrupción hay que reducir el sueldo de los parlamentarios y repetir prohibiciones que rigen hace muchos años, recuérdese que ese debate cabe sobre equidad en el ingreso –en los sectores público y privado–, materia que nada tiene que ver con corrupción.

Debe, sí, atenderse el clamor popular por los desajustes en nuestro sistema político y social. Pero no buscando el ahogado río arriba.

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