Los ‘sometimientos’ en Colombia

Los ‘sometimientos’ en Colombia

¿Algún día podremos alcanzar lo mismo sin necesidad de negociar con los bandidos...?

18 de julio 2018 , 12:00 a.m.

Una mirada a nuestra historia –que ahora vuelve a estudiarse mejor con autores como Jaime Jaramillo (q. e. p. d.), Jorge Orlando Melo o Antonio Caballero– nos lleva a esta consideración: si tenderles ‘puentes de oro’ a quienes desafían el Estado –como insurgentes, delincuentes políticos o criminales con intereses puramente económicos– condujera necesariamente a consolidar la tranquilidad pública, sacrificando la justicia en beneficio del bien supremo de la paz, Colombia sería un verdadero oasis en la región, hecho hasta hoy no logrado.

En el atormentado siglo XIX, una guerra civil sucedía a otra luego de pequeñas treguas, pero, igualmente, cada confrontación terminaba en leyes de amnistía e indulto para los ‘complotados’. Los vencedores les concedían indulto o amnistía a los vencidos, y a la inversa.

Y si nos remontamos en la historia a los conspiradores contra el Libertador –como lo recrea en obra reciente Mauricio Vargas–, veremos que ocurrió lo mismo: a Santander se le conmutó la pena de muerte por el destierro a pedido de una de las Ibáñez. Otros, por clemencia o astucia, sobrevivieron para luego fundar los partidos Liberal y Conservador.

Igual pasó en la sangrienta guerra de los Mil Días, y el siglo XX no fue la excepción. Desatada la violencia liberal-conservadora con el Bogotazo y el cierre del Congreso, Rojas Pinilla, tras el golpe y para preservar la paz, dictó un decreto de amplio indulto para quienes se habían levantado contra el Estado o excedido en defensa de la autoridad. Como la guerra siguió, restablecida la institucionalidad con el Frente Nacional (1957), su primer presidente, Alberto Lleras, concedió una amplia amnistía.

Hoy, con la Ley 1908, ese puente se les tiende al llamado ‘clan del Golfo’ y otras organizaciones sin connotación política, pero negociando con ellas como si lo fueran.

En parte por una mala aplicación, surgieron las Farc –el asesinato del ‘Charro Negro’ en el Tolima fue uno de sus detonantes–, y para resolver el problema de orden público que generaba su existencia, varios gobiernos ofrecieron o concedieron leyes de amnistía. La más amplia fue la de Betancur (35 de 1982), inspirada por la mente maestra del jurista hace poco desaparecido Bernardo Gaitán Mahecha, que determinó amnistía a todos los integrantes de la guerrilla y permitió una tregua de un año, así como el surgimiento de la Unión Patriótica, ahogada en sangre por quienes Otto Morales llamó “enemigos agazapados de la paz”.

Barco, también con leyes de amnistía y decretos de indulto, logró, antes de la Constituyente, la desmovilización del M-19, tal vez el proceso más exitoso, a pesar del asesinato de su líder Carlos Pizarro luego de firmar la paz. Los acuerdos de La Habana retomaron ese hilo histórico, con las vicisitudes conocidas.

También se les ha tendido ese ‘puente de oro’ a las organizaciones criminales con fines puramente económicos, como las de narcotraficantes. En 1984 se frustró una negociación con el cartel de Medellín consistente en que, a cambio solo de la no extradición, se entregarían, revelarían rutas, irían a la cárcel ¡y hasta pagarían la deuda externa!

En el gobierno Gaviria, con la intención de lograr la paz alterada por el narcoterrorismo, se ‘negoció’ con el cartel de Medellín. Pablo Escobar, a través de sus abogados, intervino en la redacción de los decretos a su favor, escogió la cárcel, vetó a la policía e impuso sus guardianes. Y, ¡quién lo creyera!, con la extorsión de secuestros selectivos consiguió que la Constituyente le quitara la extradición de encima. Por menos, logró lo que pedía en 1984.

Hoy, con la Ley 1908, ese puente se les tiende al llamado ‘clan del Golfo’ y otras organizaciones sin connotación política, pero negociando con ellas como si lo fueran. La misma historia, si bien esta es la primera vez que se habla de organizaciones delictivas armadas y desarmadas. Además, el penalista Jaime Lombana, en entrevista con María Isabel Rueda, advierte sobre la inconstitucionalidad por falta de unidad de materia.

Es cierto; no hay amnistía ni indulto abiertos, rebajas de penas ni lugares de reclusión especial. Todo en aras de la seguridad pública. ¿Algún día podremos alcanzar lo mismo, pero con el imperio pleno de la ley, sin necesidad de negociar con los bandidos...?

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Columnistas

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