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Los actos de Gobierno

El presidente ha dado un gran paso negándose a ofrecer dádivas para la aprobación de leyes.

Dos titulares de fin de semana en relación con la acción del Gobierno ponen de manifiesto otra vez la forma como el ‘fetichismo normativo’ ha incidido de manera negativa en los últimos 50 años de nuestra vida política.
Semana habla de ‘Congreso: territorio apache’. Y este diario sostiene: “A más de un mes de finalizar el periodo legislativo, el Gobierno se queda sin agenda...”. Los dos titulares parten del supuesto de que un gobierno es exitoso en la medida en que más normas logre hacer aprobar. Pasa lo mismo cuando se califica a los parlamentarios por el número de proyectos de ley presentados. En los dos eventos, se da por descontado que lo importante no es gobernar o ejercer control político, sino legislar.
En esa trampa han caído los últimos gobiernos: se dedican a presentar proyectos de reformas, que muchas veces los llevan a ‘negociar’ con los parlamentarios hasta la aprobación de una ley de honores. Los congresos son más importantes por su función de control político que por las de legislador. Por esa manía es que se nos ha ido el tiempo cambiando constituciones y leyes.
Para reformar la justicia resultan más eficaces las decisiones de gobierno que la repartición de las cargas de poder entre las altas cortes. La Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura podrían tomar acciones inmediatas.
Desde la Constitución de 1991 se han hecho por lo menos cuatro ‘reformas políticas’. La verdadera reforma la deben hacer los protagonistas de la vida pública. Basta con que se cumpla la división real de poderes, que los partidos políticos sean de verdad, que las ‘jefaturas’ de los partidos no estén fundadas exclusivamente en el otorgamiento de avales, que exista responsabilidad política y el Congreso haga los grandes debates sobre los temas nacionales, entre otras cosas. Para nada de eso se necesita cambiar la Constitución o la ley.
No se le puede adjudicar como ‘fracaso’ al gobierno Duque la no aprobación de normas de la engañosa consulta anticorrupción, ya que existen todas las leyes para combatirla, empezando por el gran estatuto anticorrupción que es el Código Penal.
Basta con aplicarlo. Suficiente con que se cumpla la figura del enriquecimiento ilícito, para que se analicen los bienes de los funcionarios comparándolos con sus ingresos.
El presidente Duque ha dado un gran paso en esa dirección negándose a ofrecer dádivas para la aprobación de leyes. A largo plazo, es el principal mecanismo para depurar la política. Obviamente, eso no impide el diálogo con los partidos y no debe suponer la satanización de la clase política ni impedir que políticos participen en el gobierno. Se puede gobernar con las leyes existentes, sin dejar de contar con el Congreso para lo esencial mediante decretos reglamentarios, resoluciones ejecutivas, directivas presidenciales.
Esos supuestos ‘fracasos legislativos’ ocultan aciertos del Gobierno, tales como reducir los impuestos a pequeñas y medianas empresas, destrabar el 70 por ciento de los proyectos de grandes autopistas 4G, conseguir que a través de la Generación E vayan a la universidad 80.000 estudiantes de bajos recursos y garantizar que ese número llegue a 300.000 en el 2022.
Igualmente, poner en ejecución el programa Casa Digna, lograr el mayor aumento real del salario mínimo en 25 años, reducir las tasas de homicidios y secuestros, incluir por primera vez en la política de defensa y seguridad la protección del agua, la biodiversidad y el medioambiente, entre otros temas.
La política colombiana cambiaría mucho si nos despojáramos de ese nocivo fetichismo normativo.
El magistrado Patiño Cabrera
Respetando, como corresponde, la autonomía de los países para conceder o negar visados de entrada, me siento en la obligación moral de expresar mi solidaridad con el magistrado Eyder Patiño, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema.
Lo conozco desde hace más de 30 años en la Procuraduría General. Es estudioso y honrado. La decisión sobre extradición que se le cuestiona fue aceptada por toda la sala penal. Su comportamiento ético no está en entredicho.
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