La semana pasada, en su nueva sede del Jockey Club, la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y el Ministerio de Cultura, con la colaboración de la familia López Caballero, hicieron la presentación de cinco tomos, que en buena parte recogen las distintas facetas de la interesante vida de Alfonso López Michelsen, uno de los dilectos discípulos de ese centro docente. En cada uno de ellos aparece ese gran colombianista que fue López, como constitucionalista, internacionalista, economista y diserto escritor público.
La paciente recopilación de escritos, unos ya publicados y otros que no se conocían, la elaboró el historiador rosarista y miembro de las academias de Historia y Jurisprudencia Fernando Mayorga, quien, al lado de otro ‘lopólogo’, Óscar Alarcón, hizo la presentación.
Volver a López significa un recorrido por la manera como se ha formado o deformado esta nación. Su hilo conductor fue el sentido del Estado y la búsqueda permanente de instituciones estables.
A los colombianos se nos ha vendido uno que otro mito. Que Bogotá es la Atenas suramericana. Que somos la democracia más sólida de nuestro continente. Que es un país de instituciones. Si recuperáramos algo de lo que López llamaba el perdido sentido crítico, llegaríamos a otras conclusiones.
Los problemas de orden público y su aliado, la violencia, no nos han permitido construir instituciones, pues siempre tenemos que sacrificarlas por ‘algo’. Durante el siglo XIX fueron las guerras civiles las que nos llevaron a estar cambiando de constituciones que se imponían o se tumbaban a la fuerza. Después de la segunda mitad del siglo XX, fue la defensa del ‘orden público’ la que nos condujo a hacer a un lado la institucionalidad.
En 1949 se cerró el Congreso, con el argumento de que su funcionamiento era incompatible con el mantenimiento del orden público. Durante diez años no hubo Congreso ni separación de poderes. Tuvimos una constituyente espuria, que reemplazó al Congreso. Y luego, con el lema de ‘No más sangre, no más depredación en nombre de ningún partido’ e invocando a Cristo y a Bolívar, tuvimos el golpe de Estado de Rojas Pinilla. Y en 1957, para tumbar a Rojas, frente a una inexistente institucionalidad, tuvimos que inventarnos la figura del plebiscito y crear instituciones antidemocráticas como la paridad y la alternación en la Presidencia, para que liberales y conservadores no siguieran matándose. Y casi durante cuarenta años se gobernó al país con legislación marcial.
Por decreto de estado de sitio, se expidieron códigos, leyes de todo orden, y se hacían toda clase de nombramientos, incluidas secretarías. Naturalmente, por decretos de estado de sitio se manejaron la guerra y la paz, pues también a su amparo se concedieron indultos y amnistías. En el 90, frente a otra arremetida, esta vez de los narcotraficantes en asocio con los corruptos, tuvimos que dar otro ‘salto de garrocha’ y utilizar ese mismo estado de sitio (el que se había decretado en 1984 por el asesinato del ministro Lara Bonilla), y se convocó una constituyente, por encima de la prohibición que había establecido, ahí sí, el constituyente primario en 1957.
Por cierto, en 1977, López Michelsen, sin violar la prohibición del entonces vigente artículo 218, convocó una constituyente para dos temas específicos: la justicia y el régimen departamental y municipal. La Corte Suprema, que ejercía el control constitucional, fue demasiado rígida y tumbó la reforma, alegando que solo se podía hacer por el Congreso.
Irónicamente, 23 años después, esa Corte autorizó la violación que había impedido en 1978. El magistrado ponente fue después constituyente, el mismo que había dicho que no podían permitir el trámite por el Congreso. Como no hemos salido de la violencia, ahora parece que hay que sacrificar, en cierto grado, las normas constitucionales para que no se ahogue la anhelada paz. Debemos sellar la paz ya, para que comencemos a construir instituciones y constituciones estables.
* Esta columna reaparecerá el 11 de enero de 2017.
Alfonso Gómez Méndez
