La UNP y la protección de los líderes

La UNP y la protección de los líderes

En lo que se debe avanzar es en una política integral de seguridad con el concurso del Ejército.

24 de septiembre 2019 , 07:19 p.m.

Es innegable que la gravedad de la violencia en este proceso electoral ha cobrado la vida de varios candidatos regionales, a lo cual se suma el asesinato de líderes sociales, desmovilizados y defensores de derechos humanos. Y no es la primera vez que el país tiene que hacer frente a una situación de esta magnitud, con múltiples causas determinantes y que afecta seriamente la credibilidad del sistema democrático. Ni podemos olvidar lo ocurrido en la década del 80 y comienzos de los 90 con los militantes de la Unión Patriótica (UP), la mayoría asesinados en hechos de siniestra alianza delincuencial entre narcotraficantes y paramilitares.

La diferencia con esa situación es que hoy, el Gobierno –consciente de la gravedad del problema y con dificultades– ha diseñado mecanismos de protección que, no obstante ingentes esfuerzos, no siempre logran impedir actos tan horripilantes como la masacre en que se asesinó a Karina García, aspirante a la alcaldía de Suárez, Cauca, cuando se hizo explotar el carro que la transportaba en presencia de agentes de la Unidad Nacional de Protección (UNP). O el del fin de semana pasado en Saravena, Arauca, donde falleció el escolta de una líder política en confusos hechos en los cuales se ha visto involucrada –según reseñas de medios y redes sociales– una patrulla militar. Ojalá la Fiscalía esclarezca muy pronto qué pasó realmente.

En los años 80, el Estado no asimiló la necesidad de proteger a los miembros de un partido político de izquierda seriamente amenazados, cuando fueron cayendo uno a uno senadores, representantes, concejales, diputados y alcaldes de la UP.
Lamentablemente, investigaciones posteriores han demostrado que, al parecer, en crímenes como los de Galán, Pizarro y Jaramillo participaron miembros de sus esquemas de seguridad.

Como no es apenas un problema de escoltas, esta violencia electoral solo se frena con una acción integral del Estado en la que cada entidad cumpla sus deberes para garantizar la seguridad ciudadana

Una primera mirada a los asesinatos que ahora se cometen permitiría afirmar que, como en la situación anterior, hay una mezcla de narcotráfico, minería ilegal, grupos que actuarían con los métodos del viejo paramilitarismo, muchos de ellos ubicados en zonas donde antes estaban las Farc, territorios que desafortunadamente no fueron copados por el Estado –representado no solo por las Fuerzas Militares y de Policía– en el momento de firmar los acuerdos de paz en La Habana. Combatir esos grupos con toda la fuerza estatal es la mejor política para garantizar la seguridad de líderes y candidatos.

La estrategia de protección tiene que ser integral y no centrarse exclusivamente en la imposible misión de asignarle de manera individual un esquema de seguridad a cada ciudadano en riesgo de un ataque contra su vida. Eso no puede hacerlo ningún Estado en el mundo.

La actual UNP, dirigida por un ciudadano de bien comprometido con las causas democráticas como Pablo Elías González –quien aceptó ese cargo tras haber sido director de Fiscalías del CTI y vicefiscal general de la Nación, con los recursos disponibles y que este gobierno ha venido incrementando–, tiene bajo protección a más de 8.500 personas, como: desmovilizados, defensores de derechos humanos, líderes sociales, exfuncionarios, periodistas, dirigentes políticos, gobernadores, alcaldes y concejales.

Las evaluaciones de riesgo se hacen en un comité del cual forman parte, entre otros: el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad de Atención de Víctimas, la Procuraduría y la Policía Nacional.

Más allá de esa protección individual, en lo que se debe avanzar es en una política integral de seguridad con el concurso del Ejército, la Policía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, los jueces y el Estado en general. Es un error pretender poner todo el peso de la seguridad en la UNP. Y no se olvide que ‘Santrich’ se evadió porque –sin orden de captura vigente en ese momento–, como cualquier ‘protegido’, podía prescindir de un esquema de seguridad que no es de obligatoria aceptación.

En síntesis, como no es apenas un problema de escoltas, esta violencia electoral solo se frena con una acción integral del Estado en la que cada entidad cumpla sus deberes para garantizar la seguridad ciudadana en general.

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