La Procuraduría en el Estado de derecho

La Procuraduría en el Estado de derecho

Su función principal fue siempre “vigilar” la conducta oficial de los funcionarios públicos.

05 de febrero 2019 , 07:00 p.m.

En estos días, recordando que hace 30 años me posesioné como procurador general en medio de la feroz arremetida del narcoterrorismo para quitarse la extradición de encima mientras cometía crímenes atroces –como el asesinato del injustamente olvidado procurador Carlos Mauro Hoyos, el 25 de enero de 1988–, he reflexionado sobre el papel del Ministerio Público en la consolidación del Estado de derecho en nuestra historia y su rol, hoy preponderante para el fortalecimiento del Estado social de derecho.

La institución surgió con peso específico en las constituciones de mediados del siglo XIX, hasta el punto de que el procurador general estaba en la línea de sucesión cuando hubiera ausencia temporal del presidente, como ocurrió con don Bartolomé Calvo –cuyos restos reposan en Cartagena–, quien fungió por corto tiempo como jefe del Estado siendo procurador general. Además, según se sabe, don Florentino González fue el primer procurador general y destacada figura del foro y la política en esa centuria, pasando de conspirador en la “noche septembrina” a pensador liberal, librecambista y profesor de Derecho Constitucional en Argentina, donde aún se lo recuerda en círculos académicos.

El sistema de elección, que funcionó sin problemas durante la Constitución de 1886, le daba al presidente de la república la facultad de hacer la terna y a la Cámara de Representantes, la de nombrar al titular.

Hay que reconocer que aun cuando la Constitución decía que el Ministerio Público se ejercía “bajo la suprema dirección del Gobierno”, con muy contadas excepciones, los procuradores ejercieron el cargo de manera independiente. Su función principal fue siempre “vigilar” la conducta oficial de los funcionarios públicos, así como defender la legalidad, las libertades ciudadanas y propender a la vigencia del Estado de derecho.

Con la Constitución de 1991, en términos generales, la Procuraduría tuvo un positivo cambio estructural. Si bien se discute el haber inmiscuido a las cortes en el sistema de elección –lo cual se subsanó– en cuanto a su ámbito de competencia, la innovación fue ciertamente revolucionaria. De la simple vigilancia de la conducta oficial de los funcionarios públicos se pasó a la de investigar y sancionar, inclusive, a los de elección popular, lo cual aún genera controversia, pero que ha servido en la lucha contra la corrupción política. Y el radio de acción va mucho más allá.

No hay aspecto en la actividad estatal que escape a la lupa de la Procuraduría: todo lo relativo a la contratación, las elecciones, los derechos humanos, el medioambiente, el uso de los recursos energéticos, la hacienda pública, y ahora, gracias a la participación de su actual titular, Fernando Carrillo, lo referente a los procesos de paz y su implementación, la justicia transicional, sin dejar de lado el amplio espectro de su intervención en los procesos penales.

Fernando Carrillo fue no solo uno de los inspiradores de la ‘séptima papeleta’, sino un activo constituyente que formó parte de la Comisión de Justicia y –hay que decirlo– uno de los llamados ‘trece del patíbulo’, que no cedió ante las presiones de los narcotraficantes para quitarse la extradición de encima.

Vale la pena que se conozca su rendición de cuentas, entregada bajo el título de ‘Dos años de Procuraduría ciudadana’, en la que muestra acciones y resultados concretos en temas cruciales como lucha contra la corrupción, protección de los derechos humanos y modernización del Estado. Tiene el Procurador la oportunidad de demostrar que fue acertado el Constituyente al darle todos estos poderes al Ministerio Público.

Quisiera hacerle una respetuosa sugerencia en materia de lucha contra la corrupción: aplique la figura del enriquecimiento ilícito que concebimos desde 1989, y, con sus agentes y las facultades de Policía Judicial, comience a escarbar los bienes de congresistas, ex congresistas, expresidentes, exministros, altos funcionarios públicos y encopetados personajes del Poder Judicial, entre otros. Solo compare ingresos y gastos: encontrará sorpresas y escandalizará al país. Y, de paso, desnudará a muchos ‘próceres de la patria’...

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