La inconveniencia política de objetar

La inconveniencia política de objetar

Es preciso medir muy bien las consecuencias políticas sobre la decisión que se tome.

05 de marzo 2019 , 07:00 p.m.

No han sido pocas las vicisitudes presentadas alrededor de la JEP, casi desde la iniciativa de su creación hasta hoy, derivadas, en este caso, de comportamientos delincuenciales de uno de sus fiscales, que no puede dar lugar a generalizaciones. Con razón algunos sectores, basados en antecedentes históricos, consideraban que no era necesario crear una jurisdicción especial en materia de justicia transicional para procesar a los involucrados en un conflicto armado al que se le quería dar fin, ya que procesos tan serios y con buenos resultados –como los de Alberto Lleras en la década del 60 o de Barco frente al M-19– se consolidaron con la justicia ordinaria.

Sin embargo, ese debate fue superado, pues el Congreso acogió la propuesta gubernamental y la avaló la Corte Constitucional. Habría que señalar, además, que el proceso escogido para la selección de sus magistrados fue transparente.

Tuvo problemas en sus primeros días, en los cuales no faltaban las acusaciones más o menos fundadas de clientelismo y burocracia excesivos, fallas que han venido siendo superadas.

Pero los temas centrales son de otro orden. El fundamento esencial de la justicia transicional fue que ella sirviera para lograr la verdad de lo ocurrido en el conflicto –incluidos todos sus actores–, la no repetición, la justicia y la reparación de las víctimas. Aun cuando hay que tener paciencia y darle tiempo, lo que se percibe es que numerosos acusados o aun condenados por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad se han limitado a pasar una “carta” diciendo que se acogen al sistema y han recuperado su libertad sin que se les haya exigido, como requisito previo, comprometerse a decir la verdad, lo que dejaría un cierto sabor de impunidad.

Algunos de ellos conciben la JEP como una cuarta o quinta instancia incluso para debatir las pruebas con base en las cuales la justicia ordinaria los ha condenado. Y las víctimas de esos delitos graves, hasta ahora, repito, lo que han visto es que sus victimarios ya están en libertad sin que se hayan iniciado en serio los procesos para conocer la verdad. Bienvenido el trámite para esclarecer el genocidio de la UP.

Creo también que se han desgastado demasiado en el caso Santrich, pues entraron en el terreno movedizo de solicitar las pruebas al país requirente, afectando toda la razón de ser del mecanismo de la extradición como vía de cooperación judicial. Es más, no es fácilmente entendible que casi un año después no haya podido determinar si un delito de narcotráfico se cometió antes o después de la firma de los acuerdos de paz. Por ahora, más paciencia. Y más allá de la claridad que de seguro hará la Fiscalía en el caso Bermeo –con visos de una simulación de influencias para obtener beneficios–, este no debería afectar la jurisdicción especial en su conjunto, pero sí llevarla a tomar los correctivos para no seguir en algunos casos nombrando funcionarios a dedo por motivos puramente clientelistas.

Pese a todas las dificultades, y más allá de sus propios errores, el andamiaje de la JEP está en marcha y no deberían darse argumentos para que pueda alegar falta de instrumentos jurídicos para dar los resultados que ya el país comienza a reclamarle.
En este orden de ideas, y a raíz del intenso debate generado por las posibles objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria ya avalado por la Corte Constitucional, es preciso medir muy bien las consecuencias políticas sobre la decisión que se tome.

Estimo que el Presidente está habilitado para objetar por inconveniencia una ley estatutaria, como ya ocurrió en el gobierno anterior, cuando, con mi firma como ministro de Justicia, se objetó la ley estatutaria que permitía la reelección del auditor, objeción que el Congreso admitió, archivando el proyecto.

Sin embargo, me parece que, por razones de alta política, el presidente Duque –no obstante que el Fiscal General pueda tener razón en algunos aspectos– debería, sin más, sancionar la ley, y si es preciso dejar abierto el debate para eventuales ajustes.

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