La hora del Presidente

La hora del Presidente

El Gobierno y la sociedad siguen frente al eterno dilema de cómo combatir el terrorismo.

22 de enero 2019 , 07:26 p.m.

Con el repudiable acto terrorista de la semana pasada, unánimemente condenado aquí y en el exterior, el Eln dejó al presidente Duque sin capacidad de maniobra ni otra opción que la ruptura de los diálogos con esa insurgencia. Ese no fue un acto para defender al pueblo, como suele ser la ‘carreta’ de la guerrilla, sino contra el pueblo.

Ese crimen tuvo todas las características para despertar el rechazo colectivo expresado en las marchas del domingo: preparado con premeditación, acechanza y alevosía, estuvo dirigido contra jóvenes casi niños –a quienes dos días antes vi desfilando en una ceremonia en la Escuela de Policía–, provenientes de toda Colombia –la Policía es un símbolo nacional–, hijos de humildes compatriotas que con inmensos esfuerzos tratan de conseguirles el curso de una carrera profesional.

Así, el Gobierno y la sociedad siguen frente al eterno dilema de cómo combatir el terrorismo, sin duda la expresión más difícil de prever en la lucha contra las organizaciones criminales. Aun países con los sistemas más sofisticados en defensa y prevención del delito no han logrado evitar acciones parecidas a la de ese fatídico jueves 17 en la Escuela General Santander. Hay algo de ruindad en pretender atribuir responsabilidades, por ejemplo: a la directora saliente de la General Santander, la general Julieth Kure, quien, además, lleva en su corazón las heridas de la violencia que le quitó a su esposo –en la época un mayor de la institución– durante un ataque guerrillero en el Cauca.

Pero el espanto, el dolor, la cólera plenamente justificada no pueden hacer perder a los gobernantes la cabeza fría. Este es, sí, el momento de la firmeza. También, de la templanza y la reflexión sobre cuándo y con qué métodos se debe combatir el terrorismo para evitar más víctimas en una sociedad por muchas décadas agobiada por la violencia. Como nadie tiene la fórmula salvadora entre la salida militar –que por ahora parece la única– y la negociación política, sí convendría revisar un poco la más reciente historia de la violencia y el terrorismo en Colombia.

Por razones de soberanía nacional, al inicio de su gobierno, Belisario Betancur se abstuvo de extraditar nacionales. Sin embargo, frente al brutal asesinato de su joven y prometedor ministro de Justicia Rodrigo Lara, se vio precisado a anunciar la aplicación de esa medida, lo que de algún modo originó el surgimiento de los “extraditables con toda su cadena de narcoterrorismo”.

Pocos días después, y cuando el país pedía mano dura, el Presidente autorizó al procurador Jiménez para recibir en Panamá la propuesta de ‘rendición’ de los narcos, que incluía entregar rutas, desmontar el negocio y hasta ¡pagar la deuda externa!, solo a condición de que se los juzgara en Colombia y no fueran extraditados.

La revelación de las conversaciones por el entonces subdirector de este diario abortó la ‘negociación’, con el beneplácito de un país que no quería que se negociara con esos asesinos. Después de todos los muertos del narcoterrorismo, la Constituyente de 1991 prohibió la extradición de nacionales, lo único que pedían los narcos en 1984.

Tras el horror del Palacio de Justicia, nadie quería diálogos con el entonces grupo terrorista M-19. Menos cuando en 1988 secuestró al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, matando antes a su escolta. Dos años después, un dirigente de ese grupo era ministro, y el M-19, en franca lid electoral, logró la tercera parte de la Constituyente que expidió las normas hoy vigentes.

Parecida consideración cabe frente al ataque del club El Nogal, la más cruenta muestra de terrorismo de las Farc. Con mayor tiempo que frente al M-19, el Gobierno logró un acuerdo con ese grupo, hoy actuante en la legalidad con representación en el Congreso.

Mientras el país se encuentra en franco “estado de ira e intenso dolor” plenamente justificado, el Gobierno tiene en sus manos la forma como cree que debe manejar el orden público: para neutralizar a los terroristas, pero también para no descartar otro tipo de salidas que eviten nuevas inenarrables tragedia.

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