La corrupción y el Congreso

La corrupción y el Congreso

La solución es que la Corte Suprema actúe y agilice los muchos casos que tiene contra parlamentarios

05 de septiembre 2018 , 12:00 a.m.

Los promotores de la reciente ‘consulta anticorrupción’ actuaron con indudable habilidad política y mediática al escoger dos temas ‘gancho’ sumamente atractivos referentes al Congreso, institución –casi desde su origen– desprestigiada ante los colombianos, no siempre dados a admitir que es mejor que exista, pese a todos sus defectos.

En un país donde más de 10 millones de habitantes viven con el salario mínimo –y hasta con menos–, es taquillero plantear que se reduzcan los sueldos de quienes devengan más de 30 millones de pesos al mes; y tal vez si se hubiera planteado la revocatoria del Congreso, la votación habría sido mayor.

Pero a los votantes se les ocultaron dos hechos fundamentales: que no hay relación entre ingreso y corrupción, y la consecuencia, de haberse aprobado la propuesta, no habría sido poder bajar los sueldos al día siguiente, sino darle un mandato al Congreso –político y no jurídico– para tramitar una reforma constitucional en ese sentido. Lo mismo podría decirse de la limitación de los periodos, que puede hacer parte, si se quiere, de una reforma política, pero la metieron en el popular empaque de ‘lucha contra la corrupción’.

Si tan solo prosperaran las múltiples denuncias por intercambio de puestos, quedaría diezmado el Congreso.

Por cierto que no es la primera vez que una consulta obtiene una votación altísima. En la de 1997 –bajo el gobierno Samper– se sometieron al elector textos como “Voto por la paz, la vida y la libertad” o “Exijo a los autores del conflicto armado: no más guerras; resuelvan pacíficamente el conflicto...”, y se aprobó por 10 millones de votos con un censo electoral de 20 millones de ciudadanos, mucho más representativa que la de ahora, con 11 millones y medio y un censo de 36 millones. Pero 21 años después, y no obstante los esfuerzos del Caguán y del proceso de paz de Santos con las Farc, no pasa de ser una buena intención.

Sobre los sueldos del Congreso y la corrupción, recuérdese, para comenzar, que esta es la fórmula que acogió la Constituyente del 91. Antes, los congresistas no recibían sueldo permanente sino ‘dietas’ por asistencia a las sesiones. En la reforma constitucional de 1968 se estableció el sueldo anual constante. Y como eran los mismos congresistas quienes se aumentaban periódicamente, primero las dietas y después el sueldo, apareció el mico consistente en que a cualquier proyecto de otro orden se le agregaba un artículo sobre el aumento. Ante algo tan impopular, entre los parlamentarios se ‘rifaba’ el nombre de quien debía darse el lapo de colgarlo.

Para evitar esto, la Carta del 91 mantuvo el sueldo permanente y estableció el reajuste anual automático que hoy rige y también cobija un buen sector de la Rama Judicial. Como contrapartida, por ejemplo, cambió la inmunidad por fuero, lo cual ha permitido que los congresistas vayan a la cárcel, antes prácticamente imposible. Y les prohibió realizar cualquier otra actividad económica o ejercer su profesión. Muchos perdieron la investidura por asistir a la junta directiva de una empresa familiar. En el caso más emblemático, el locutor Édgar Perea la perdió por transmitir un partido de fútbol siendo senador.

Se estableció además un severo régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. Recomendar un empleo o un contrato aparte del proceso penal por tráfico de influencias ocasiona la pérdida de investidura. Si esta norma se hubiera aplicado en estos años, dada la relación clientelista Legislativo-Ejecutivo –que el presidente Duque ha prometido erradicar de manera voluntaria– a menudo se habría configurado una especie de revocatoria del mandato.

Como la corrupción en el Legislativo no es por el sueldo, sino por actos de los congresistas, la solución es que la Corte Suprema actúe y agilice los muchos casos que tiene contra parlamentarios salpicados por aquella, entre los que, al parecer, se encuentran entusiastas partidarios de la ‘consulta anticorrupción’.

Si tan solo prosperaran las múltiples denuncias por intercambio de puestos, quedaría diezmado el Congreso. Ahí está el verdadero camino por seguir contra este flagelo, no en bajar el sueldo ni reducir el periodo.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Columnistas

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