Justicia social como estrategia contra las drogas

Justicia social como estrategia contra las drogas

Atacando ya los focos de desigualdad social, dejamos sin sustento a las mafias.

16 de abril 2019 , 07:00 p.m.

Colombia vive hace tiempos su propia semana de pasión, un auténtico viacrucis, signado a partir de los años 70 con el pesado estigma del narcotráfico que nos alteró todo: el sistema político, las costumbres, la economía y aun las relaciones interpersonales. Como anotaba García Márquez, para nosotros, la principal herencia maldita de semejante delito ha sido la cultura del enriquecimiento fácil. Baste recordar los muertos que en esa primera etapa se produjeron en la lucha contra la marihuana, hoy legalizada en varios estados de la Unión americana.

Al florecer, en especial en la costa Atlántica, Camilo Medina representó magistralmente al capo en La mala hierba, serie para TV basada en la obra del mismo nombre original del periodista y escritor Juan Gossain Abdallah. Y desde entonces comenzó a hablarse, entre muchos males, de infiltración de ‘dineros calientes’ en la política, de mafias, de funcionarios corruptos y de alteración de la economía. Claro, la inmensa mayoría de ciudadanos no se involucraron en el diabólico negocio, pero sufrieron sus consecuencias hasta el punto de que hoy, al llegar a Estados Unidos y mostrar el pasaporte, se nos da tratamiento de sospechosos y nos someten a tratos degradantes como el temido ‘cuartico’, aunque hacemos todo lo posible para comprometernos en la ‘guerra’ contra las drogas, aumentando hasta límites insospechados las penas por narcotráfico: en algunos casos se sanciona con más severidad a quien envía unos kilos de coca que a quien mata a cientos de personas.

Y si hacemos realidad los principios de la carta de derechos, ¿les quedaría alguna opción a las mafias para aprovecharse de la pobreza en que malviven vastos sectores de la población?

A raíz del narcoterrorismo se creó la poco democrática figura de los jueces, fiscales y testigos sin rostro, para evitar su asesinato: según el entonces ministro de Justicia Jaime Giraldo, era mejor tener jueces sin rostro que jueces sin vida. Se determinó que los narcotraficantes fueran procesados y juzgados por la justicia penal militar, con lo cual la corrupción llegó a sectores del Ejército y la Policía. A rajatabla sostuvimos la extradición de nacionales aun después de 1986, cuando una Corte intimidada echó abajo el tratado de extradición: para tumbarla, los narcos mataron a todos aquellos que se les atravesaron.

El paraquat, el glifosato y otras sustancias se echaron por toneladas sobre los cultivos ilícitos y hasta en los lícitos. Establecimos como delito el enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico, invirtiendo la carga de la prueba. Creamos la figura de extinción del dominio de los bienes adquiridos directa o indirectamente con dinero producto de los narcóticos. Ampliamos el ámbito de aplicación del delito de lavado de activos. Desde luego, se erradicaron miles de hectáreas. Muchos jóvenes policías y soldados murieron o fueron mutilados tratando de erradicar manualmente.

Hoy, cuando tenemos serios problemas de consumo, sobre todo en nuestra juventud, quiero plantear una estrategia distinta, en cuanto nos corresponde y no por imposición externa, sino por razones de dignidad nacional: atacando ya los focos de desigualdad social, dejamos sin sustento a las mafias. Urge una política agrícola seria –en mora desde el esfuerzo de 1936– que facilite condiciones de vida dignas a nuestros campesinos, alejándolos así de la posibilidad de involucrarse en los cultivos ilícitos. ¿Por qué no lo hacen los campesinos españoles, franceses, alemanes, chilenos o argentinos? Sin ejércitos de desocupados y desplazados, los mercaderes de la sangre y el dolor no podrían reclutar en las calles a jóvenes sin esperanza como raspachines, mulas o jíbaros.

Se requiere una institucionalidad fuerte para impedir que el dinero penetre en la política y corrompa a jueces, policías y fiscales. ¿Y qué tal si los americanos, como decía Alberto Lleras, cuidaran mejor sus fronteras? Y si hacemos realidad los principios de la educación gratuita, la vivienda digna y la carta de derechos, ¿les quedaría alguna opción a las mafias para aprovecharse de la pobreza y demás condiciones de exclusión en que malviven vastos sectores de la población?

Para nosotros, la mejor política antidrogas es la justicia social, evitando de paso las ofensas al Presidente y al país.

Columnistas

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.