Inmunidades, fueros y desafueros

Inmunidades, fueros y desafueros

Ha vuelto la discusión sobre inmunidad y fuero de congresistas y su incidencia en procesos penales.

04 de junio 2019 , 07:00 p.m.

Como los hechos de nuestra historia se repiten en forma cíclica, no sobra recordar que temas o palabras como ‘consenso’, ‘extradición’, ‘inmunidad’, ‘fuero’, ‘desafuero’ –y muchos más, venidos de los siglos XIX y XX–, otra vez se convierten en cruciales asuntos de la agenda pública a estas alturas del siglo XXI.

En su ilustrativa sección ‘Hace 50 años’ (3 de junio), este diario anota: “Misael Pastrana Borrero, embajador de Colombia en Washington, propuso crear una ‘gran alianza’ entre todas las corrientes políticas del país”. Según él, esa es la única ruta para fortalecer la política del país, pues solo así se generarían “ventanas abiertas que refresquen el clima nacional”. ¿Alguna diferencia con el ‘consenso’ del que hoy tanto se habla?

En cuanto a la extradición, en anterior columna había señalado hasta qué punto es curioso que de nuevo se convoque un consenso para salvarla, como mecanismo en la lucha contra el narcotráfico ¡y llamando a partidos o personajes que la ‘hundieron’ en la Constituyente del 91!

Y en el enredo de Santrich, cuya libertad luego de idas y venidas ha causado justificada indignación en importantes sectores de la población –entre otras razones por un cierto grado de cinismo cruel, demostrado en múltiples entrevistas–, ha vuelto la discusión sobre inmunidad y fuero de los congresistas y su incidencia en procesos penales.

Al repetir normas de otras constituciones del siglo XIX, la de 1886 consagró (art. 107) la inmunidad para los parlamentarios, así: “Cuarenta días antes de principiar las sesiones y durante ellas, ningún miembro del Congreso podrá ser llamado a juicio civil o criminal sin permiso de la Cámara a que pertenezca. En caso de flagrante delito, podrá ser detenido el delincuente y será puesto inmediatamente a disposición de la Cámara respectiva”. En virtud de esa figura, vigente hasta 1991, los congresistas podían ser procesados por un juez ordinario, pero la detención solo era posible después de “levantada la inmunidad”.

Fue bochornoso que la Cámara de Representantes tuviera que adelantar un debate para levantar la inmunidad del “Honorable representante Pablo Escobar Gaviria” –elegido por el Partido Liberal en Antioquia como suplente de Jairo Ortega– para que respondiera por diversos crímenes. Tal vez por casos como este, en el 91 se cambió la inmunidad por fuero, o sea que el parlamentario puede ser detenido en cualquier momento –como puede hacerse ya con Santrich–, pero no por orden de juez ordinario sino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Y, aunque se dijo que el fuero ya era suficiente garantía, se abrió el debate sobre la necesidad de una segunda instancia para “aforados”, como los miembros del Congreso, así se trate de los antiguos guerrilleros de las Farc, “elegidos” por decreto o acuerdo. En el acto legislativo 01 de 2018 se creó, entonces, para adelantar esa primera instancia, la Sala Especial de Instrucción (SEI) en la CSJ.

Esa sala, no regida por el malhadado Sistema Penal Acusatorio sino por la Ley 600 del 2000, puede, sin permiso de nadie, librar inmediatamente orden de captura para indagatoria de Santrich si encuentra válidas las pruebas de hechos ocurridos, según la Sala Penal, después de firmados los acuerdos de paz. Se presentaría el problema de qué puede ocurrir en la Sala de Apelaciones atendiendo la petición del procurador Carrillo para continuar con el trámite de extradición y determinar qué prima: si el proceso en Colombia o el trámite de extradición. En el pasado, los propios narcos –con eficaces auxilios– se hacían abrir procesos penales para evitarla.

A propósito de la Sala Especial de Instrucción, no encuentro que tengan razón –incluidos sus colegas– en que, por una curiosa interpretación del alcance de una recusación, pretendan en la práctica ‘revocar’ la elección de la jurista destacada Cristina Lombana como magistrada por su condición de militar activa –pero en licencia– del Ejercito Nacional, hecho cabalmente conocido por el pleno de la CSJ que la eligió. Varios de los magistrados que la eligieron asistieron a su posesión.

Debería prosperar la tutela que la magistrada Lombana interpuso ante el Consejo de Estado.

Sal de la rutina

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