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Inmunidades e impunidades

Hay que cambiar el sistema actual para parar la impunidad en las más altas instancias políticas.

Una vez más, como ‘reforma de la justicia’ se toca el tema de la impunidad, ya no la cotidiana, sino la que se da al más alto nivel respecto de presidentes de la República, magistrados de las altas cortes y fiscales generales.
Hay que admitir que en el curso de nuestra historia, casi nunca hemos logrado que esos altos funcionarios respondan por morosidad, ineficiencia, tráfico de influencias, desenfreno administrativo y hasta por enriquecimiento personal. Basta una mirada a nuestra región para darnos cuenta de cuántos exjefes de Estado están o han estado en prisión por violación de derechos humanos, de las leyes electorales o simple y llanamente por corrupción política y administrativa. En cambio, en nuestra ‘democracia bloqueada’ nada pasa porque le tenemos miedo a la verdad.
Dentro de este contexto está el tema de la acusación y el juzgamiento de los miembros del Congreso puesto en la agenda pública por una propuesta del Centro Democrático, distinta a la de las ministras del Interior y de Justicia. El asunto no es nuevo ni puede atribuírsele a la modificación con intenciones perversas. Vale sí la pena hacer el debate.

La pata coja de este sistema radica en que el constituyente del 91 dejó a congresistas y magistrados en posición de acusarse y juzgarse mutuamente.

En el derecho público colombiano, en relación con los miembros del Congreso, siempre existieron las llamadas inmunidad absoluta –indemnidad– y la relativa. La primera se mantiene y consiste en que los parlamentarios son ‘irresponsables’ por sus votos u opiniones expresados en ejercicio de sus funciones. La segunda, como la anterior, viene desde los orígenes del constitucionalismo y buscaba preservar la independencia de los congresistas para evitar que cualquier juez, por razones puramente políticas, con una orden de arresto, interfiriera las labores del Congreso.
Esa era la razón de ser. No se podía aprehender ni llamar a juicio a un parlamentario durante el periodo de sesiones ni veinte días antes o cuarenta días después; podía ser procesado por cualquier juez de acuerdo con las normas ordinarias de competencia, pero, para afectar su libertad, se debía obtener previamente el ‘permiso’ de la Cámara a la que perteneciera.
Fueron famosos en el siglo pasado los casos del controvertido parlamentario José Ignacio Vives Echeverría, a quien durante el gobierno de Lleras Restrepo se le levantó la inmunidad después de un intenso debate, y el de Pablo Escobar Gaviria, con quien se hizo el mismo procedimiento en su condición de representante.
La Constituyente del 91 cambió la inmunidad por fuero. Ya no es necesario que el Congreso ‘autorice’ la detención de uno de sus miembros, pero el proceso se adelanta no ante un juez ordinario, sino ante la Corte Suprema de Justicia. Este sistema –que por lo demás comprende a otros aforados– se perfeccionó con el acto legislativo n.° 1 del 2018, ya que es una sala especializada de la Corte la que adelanta la instrucción y juzgamiento en primera instancia.
Pero la pata coja de este sistema radica en que el constituyente del 91 dejó a congresistas y magistrados en posición de acusarse y juzgarse mutuamente, por lo cual en cierta forma hay impunidad para ambos. Eso es lo que hay que cambiar, y pasarnos a un tribunal de aforados, apolítico.
Ojalá –si puede– la Corte Constitucional revise la extraña teoría conforme a la cual la Comisión de Acusación sustituía la Constitución de 1991, cuando esa institución no surgió en ese año sino que venía desde el siglo XIX.
Tal vez la solución no sea volver a la inmunidad. Pero el sistema actual hay que cambiarlo para parar la impunidad en las más altas instancias políticas y judiciales.

Clara Cecilia Mosquera Paz

Registro, con pesar, el sensible fallecimiento de Clara Cecilia Mosquera, hija del expresidente Víctor Mosquera y de doña Cecilia Paz. Sirvió al Estado con devoción y rectitud. Tuve el privilegio de que me acompañara como secretaria general tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía. Últimamente se desempeñaba como directora de la justicia penal militar. Nos ha dejado prematuramente esta gran mujer y servidora abnegada del Estado.
ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ
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