Higuita en la Casa de Nariño

Higuita en la Casa de Nariño

Hizo bien el Gobierno al optar por el camino responsable de objetar ese proyecto de ley.

30 de julio 2019 , 07:00 p.m.

Hace algunos años, bajo los últimos gobiernos, varios ministros de Justicia trabajaron un proyecto de ley para ‘depurar’ la legislación de una serie de normas claramente desuetas, absurdas, inconvenientes o francamente ridículas.
Después de la Constitución del 91, la propia Corte Constitucional había retirado, en particular del Código Civil de 1873, un cúmulo de expresiones como ‘locos furiosos’, ‘sirvientes’, ‘mentecatos’ y otras de parecido jaez.

En tiempos más recientes, los medios se han encargado de sacar a la luz disposiciones de esta naturaleza, como la que obligaba al marido a presentarles su esposa a los nuevos vecinos. Con ley o sin ley, nadie imagina hoy a un esposo preocupado por cumplir esa divertida exigencia. Un humorista haría de las suyas escribiendo un libro con esas leyes anacrónicas que serían, sin duda, el hazmerreír de la gente.

Pero como, al contrario de lo que podría pensarse, en Colombia el deporte nacional no es el ciclismo –no obstante el triunfo de Egan Bernal– ni el fútbol –con el Pibe, Higuita, Falcao, James, Jerry Mina y demás glorias–, sino hacer y deshacer leyes, como lo demuestra el hecho de que al comienzo de esta legislatura, entre Gobierno y Congreso se hayan anunciado por lo menos 30 proyectos de ley y de reforma constitucional.

A la secretaria jurídica de la Presidencia, Clara María González, le correspondió, cual Higuita en Wembley, ejecutar el ‘escorpión’ para evitar uno que otro gol de túnel, olímpico, y hasta golazos

Por eso, el proyecto presentado por el gobierno pasado, y respaldado por el actual y su ministra Gloria María Borrero, antigua presidenta de la Corporación Excelencia en la Justicia, que proponía la desaparición de más o menos 10.000 leyes o decretos leyes expedidos entre los siglos XIX y XX sobre las más disímiles y extrañas materias.

No hay duda alguna de que en la inmensa mayoría de los casos –así se tratara de normas ya inocuas– se justificaba plenamente su sacrificio. Pero era inevitable que en ese alud se colara uno que otro miquito, y hasta orangutanes de mayor envergadura. A la secretaria jurídica de la Presidencia, Clara María González, le correspondió, cual Higuita en Wembley, ejecutar el ‘escorpión’ para evitar uno que otro gol de túnel, olímpico, y hasta golazos.

Entre los primeros estarían la derogación de las normas que crearon el Dane o la Superintendencia de Sociedades. Y el golazo de arco a arco, ¡un verdadero orangután!, era nada menos que la derogatoria de la Ley 600 del 2000 o Código de Procedimiento Penal, que, con todo y la introducción del malhadado sistema acusatorio en la Ley 906 del 2004, todavía rige para la investigación y el juzgamiento de muchos delitos, incluidos los de conocimiento de la nueva Sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra aforados constitucionales, y todos los cometidos antes del 1.º de enero de 2005 aún no prescritos. Y, desde luego, los seguidos en la Comisión de Acusación contra expresidentes, exfiscales y exmagistrados, entre ellos Malo y Bustos.

Al desaparecer la norma que permitía el procedimiento, todas esas investigaciones –más de 80.000 en la Fiscalía y más de 200 en la CSJ– habrían quedado en el ‘limbo’. Tanto el presidente de la Sala Penal de la Corte, Éider Patiño, como otros juristas advirtieron al Gobierno sobre el riesgo de sancionar la ley que, entre muchas otras consecuencias, hubiese implicado terminar los procesos contra Santrich y centenares de ‘aforados constitucionales’.

En un gesto de franqueza, el gran jurista y acucioso parlamentario del Polo Germán Navas Talero admitió que esa ley la habían votado “a ciegas”. Muchos parlamentarios de los que lo hicieron –favorecidos con esa normativa ellos o sus parientes procesados en la CSJ o en la Fiscalía– pudieron haber incurrido, sin advertirlo, en causal de pérdida de investidura.

Hizo bien el Gobierno, ya que, a pesar del desgaste que implica objetar un proyecto de ley que en un principio él mismo elogió e impulsó, al final optó por el camino responsable de objetarla para enmendar semejante entuerto. El Congreso tiene la palabra.

¿Podrá crearse un bloque de búsqueda para encontrar quién o quiénes y por qué concibieron este orangután? El Gobierno prefirió entonces quedar mal con la galería a quedar peor, y sin remedio, con todo el país.

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