Gobernar no es legislar

Gobernar no es legislar

Somos un país sobrelegislado, donde hay normas para todo, incluso para luchar contra la corrupción.

29 de agosto 2018 , 12:00 a.m.

No sé en qué momento de nuestra historia los presidentes cayeron en el prurito de confundir gobernar con legislar. En situaciones claves era necesario reformar la Constitución o la ley para dar grandes timonazos transformadores o ajustarnos a particulares condiciones políticas.

La guerra civil de 1885 condujo a un cambio violento de la Constitución federal, libertaria y progresista de los radicales de 1863 para imponer la Carta de 1886, inicialmente autoritaria, clerical y centralista. En 1905, Rafael Reyes consideró indispensable cambiar la Constitución para tratar de perpetuarse en el poder.

En 1910 se necesitó reforma constitucional para enmendar los entuertos del dictador Reyes, estableciendo, entre otras disposiciones sustanciales, la no reelección presidencial inmediata, el periodo de cuatro años y el control constitucional mediante la acción directa de constitucionalidad.

Si se quiere dar un salto grande, bastaría con que los presidentes se dedicaran a gobernar y no gastaran sus energías en sacar más leyes que luego no se cumplen.

López Pumarejo, el gran reformador, introdujo el Estado social de derecho, la función social de la propiedad, el derecho de huelga, la educación laica y la gratuidad de la instrucción primaria, sin que se expidiera una nueva constitución, sino, como dijo el maestro Echandía, “romperle unas cuantas vértebras a la de 1886”.

En 1957, con gran intervención popular en el Plebiscito, fue necesario dar un ‘salto constitucional’ no solo para poner fin a la violencia liberal-conservadora, sino para restablecer la institucionalidad perdida luego del cierre del Congreso –que se mantuvo por 10 años– en el gobierno conservador de Ospina Pérez. Mediante reforma, en 1968, Lleras Restrepo modernizó el Estado, controló el gasto público, creó la Sala Constitucional dentro de la Corte Suprema, racionalizó el trabajo del Congreso y modernizó la planeación en el Estado.

Barco, aun cuando de buena fe había prometido no cambiar la Constitución para gobernar, a menos de ser indispensable, tuvo que hacerlo para cumplir acuerdos de paz con el M-19. Prefirió hundir su proyecto de reforma antes que ceder a la presión de los narcos para tumbar la extradición, algo que finalmente lograron en la Constituyente del 91.

Así, no sobra reiterar que si bien hasta el mandato Barco la ‘reformitis normativa’ tuvo alguna explicación, de ahí en adelante no ha tenido razón de ser dado que somos un país sobrelegislado, donde hay normas para todo, incluso para luchar contra la corrupción, cuya principal fuente está en el sistema político, fundamentalmente por la relación clientelista –incluidos los nocivos cupos indicativos– entre Ejecutivo y Legislativo.

Si se quiere dar un salto grande, bastaría con que los presidentes se dedicaran a gobernar y no gastaran sus energías en sacar más leyes que luego no se cumplen. Hoy en día, un presidente en Colombia puede gobernar si se dedica a reglamentar y a cumplir las que ya existen.

El presidente Duque les podría pedir a sus asesores que le hicieran una relación de las leyes vigentes en temas de justicia, salud, educación, medioambiente, lucha contra la corrupción, y dedicarse a gobernar aplicándolas o reglamentándolas. Daría un salto cualitativo, porque “el paso de cualquier ley” –así sea de honores– implica intercambio de puestos, favores o contratos con los congresistas.

Si en lugar de ‘legislar’ se propusieran gobernar con la normativa disponible, se daría el paso más importante en la lucha contra la corrupción. Muy seguramente de ese estudio saldría que hoy se cuenta con amplios fundamentos legales para hacer ya las reformas que en los temas centrales requiere el país sin necesidad de embarcarse en la expedición de más leyes, con todo y peaje por el Congreso.

Y, de paso, el Congreso, antes que dedicarse a seguir aumentando el cúmulo de leyes inútiles, se concentraría en el control político sobre los actos del Gobierno y de la administración pública, verdadero acicate para impedir actos de corrupción. Que el Presidente gobierne. Que el Congreso controle con independencia. Y que la ciudadanía vigile. ¿Qué más se requiere para combatir en serio y con resultados la corrupción?

¿O acaso es mejor insistir hasta la saciedad en el fetichismo normativo?

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Columnistas

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