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Escuchar a los obispos

Escuchar a los obispos

Ahora en el país la clase dirigente le presta poca atención a los llamados de la jerarquía católica.

En buena parte del siglo XX, el Partido Liberal se quejó, no sin razón, de la indebida injerencia de la Iglesia católica, parapetada en el concordato de 1887 en la vida política nacional. No faltó el jerarca eclesiástico que considerara y predicara en los confesionarios frente a asustadas señoras que esperaban la absolución, casi siempre por pecados veniales, que era pecado ser liberal.

Durante la mayor parte de la hegemonía conservadora, el arzobispo de Bogotá iba señalando, sin tantas consultas como ahora, y en riguroso orden, a quien le correspondía el turno para sentarse en el solio de Bolívar.

El liberalismo debe reconocer, sin embargo, que en 1930, gracias a las dudas del primado entre los candidatos conservadores Guillermo Valencia y el general Vásquez Cobo, pudo recuperar el poder, eligiendo a Enrique Olaya Herrera, quien inició la segunda República Liberal.

Casi siempre, hasta bien avanzado el siglo XX, la jerarquía eclesiástica era aliada del conservatismo, y hasta de la dictadura de Rojas. El general recibió el apoyo del cardenal Crisanto Luque, quien, por cierto, el 10 de mayo del 57, cambió de bando y apoyó la caída del dictador.

La transformación que inició con la llegada del ‘Papa campesino’ Juan XXIII comenzó a sentirse, y se acentuó con el Congreso Eucarístico de Medellín, en 1968, ya durante el papado de Paulo VI, quien visitó a Bogotá el 22 de agosto de ese año, y quien al despedirse después de besar tierra colombiana dijo: “No te decimos adiós, Colombia, porque te llevamos en el corazón”.

Desde entonces, en el sermón de las siete palabras, los Viernes Santos, los “oradores sagrados” comenzaron a ocuparse de problemas como la violencia, la desatención de la familia y la niñez, la corrupción política y administrativa, el desprecio por el derecho a la vida, la concentración del ingreso, el abandono de las regiones apartadas de la patria y, desde luego, la denuncia de los golpeantes índices de pobreza y desigualdad social.

Lo curioso es que en este país ahora la clase dirigente y los políticos les prestan poca atención a los llamados de la jerarquía católica. Si solo se aplicara la doctrina social de la Iglesia, otra sería la situación de Colombia. Esos angustiosos llamados no son atendidos, aunque buena parte de los gobernantes se declaran católicos practicantes.

Revisando los sermones de este Viernes Santo, fácil es deducir que se sigue la línea social de los de los últimos años. En la crónica de este diario sobre los sermones se lee: “... resolver las desigualdades sociales y los problemas de violencia, acentuados en tiempos de pandemia, en medio de las diferencias políticas, fueron los principales llamados de los dirigentes de la Iglesia católica...”. En todos ellos, por lo demás, campean la defensa de los procesos de paz, la necesidad de la reconciliación sobre la base de la verdad, así como la angustia por los asesinatos, masacres y crímenes selectivos.

Pero antes, los obispos de Quibdó, monseñor Barreto –joven prelado que por cierto terminó bachillerato en mi mismo colegio en Chaparral–; Apartadó, monseñor Hugo Alberto Torres Marín, y Buenaventura, monseñor Jaramillo, todos con acción en la golpeada costa Pacífica, han lanzado su grito desesperado para que el Estado se ocupe de esas regiones azotadas por la pobreza, desigualdad, incontrolada violencia que genera desplazamientos con desgarradoras escenas de muerte y desolación.

El valiente obispo de Buenaventura ha denunciado la presencia de los horrores de las ‘casas de pique’, el narcotráfico y la rampante corrupción, agregando que “denunciar es como una lápida, es morir...”. Todos estos llamados no pueden caer en el vacío, en medio de la indiferencia casi generalizada. Propongo que, respetando la influencia de las otras iglesias, el presidente Duque en consejo extraordinario de ministros, con transmisión por la televisión, y con todo el espacio necesario, convoque por lo menos al arzobispo primado, monseñor Rueda, y a los obispos citados, más los de Tibú y Florencia, para que le expliquen al Gobierno la dramática situación que las comunidades viven diariamente.

Alfonso Gómez Méndez

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