¿Escándalo farisaico?

¿Escándalo farisaico?

La corrupción nada tiene que ver con sueldos de parlamentarios, ni con el periodo de sus mandatos.

12 de enero 2021 , 09:25 p. m.

Como cada final y comienzo de año, esta vez volvió a agitarse el farisaico debate de comparar el aumento del sueldo de los parlamentarios con el que recibieron los millones de colombianos que ‘viven’ del salario mínimo. El sueldo congresional es igual al de los magistrados de altas cortes y al de las cabezas del Poder Judicial.

En un plano puramente populista, siempre da réditos atacar a una institución tan desprestigiada como el Congreso. Resulta políticamente rentable quejarse de su tamaño, de sus integrantes, de sus actos de corrupción y hasta de su existencia misma. No es difícil ganar elecciones enarbolando esa bandera que, aunque efectista, encarna un sofisma de distracción. Nadie puede justificar los abusos del Parlamento. Pero, a pesar de los varios escándalos de los legisladores, en la democracia un Congreso es necesario.

Colombia vivió 10 años sin Rama Legislativa después de que el gobierno de Ospina Pérez cerró arbitrariamente el Capitolio en 1949. ¿Acaso en esos años no se presentaron impresionantes casos de corrupción en el Ejecutivo y en el Poder Judicial, sin control alguno?

La corrupción nada tiene que ver con los sueldos de los parlamentarios, ni con el periodo de sus mandatos ni con si el Congreso es unicameral o bicameral. Aun así, millones de ciudadanos cayeron en ese engaño y votaron la populista consulta anticorrupción, en la que extrañamente se dejó ‘embarcar’ el presidente Duque. Es fácil jugar con esas emociones para explotar la indignación popular. Pero, como solía decir López Pumarejo, “por ahí no es la cosa”.

Esta historia es muy diciente. Por mucho tiempo, los congresistas ganaban solo unas ‘dietas’ por asistencia a las sesiones. En 1968, durante el gobierno de Lleras Restrepo se les otorgó un sueldo anual permanente como compensación por haber sido despojados de la iniciativa en materia presupuestal y económica. Y en la Constituyente de 1991, para que se tragaran el ‘sapo’ de su revocatoria, se ordenó una revisión anual del sueldo de los congresistas para evitar que estos tuvieran que aumentarse sus propias dietas aprobando micos cada cierto tiempo.

En su artículo 187, la Constitución –a la que tanto se alaba– estableció que: “La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”. Si cabe algún reproche sobre la materia, este tendría que ir dirigido a los setenta constituyentes que redactaron el artículo. Este debate hay que darlo, pero en el terreno de la equidad en los ingresos. La discusión debe abarcar no solo a los congresistas, sino a miembros del Ejecutivo y del Poder Judicial y, por qué no, del sector privado.

Debería plantearse una ley general de ingresos, buscando la equidad. No es posible, por ejemplo, que un juez municipal gane alrededor de cinco millones y un magistrado se gane treinta y cinco. Y esa comparación se puede extender a todas las ramas del poder. Mucho más ético sería afrontar ese debate con seriedad que caer en actos de populismo ramplón como ‘regalar’ el aumento del sueldo, o exigir a Duque que no cumpla la Constitución. Así las cosas, la política se mejoraría, pero de otra manera que supone enmendar muchos de los errores de la Constitución del 91.

Para comenzar, habría que acabar con los mecanismos que encarecieron la política, como la eliminación de los partidos –reemplazados por el partido de los contratistas– o la circunscripción nacional del Senado, o haberles asignado sueldo a los concejales. Bueno sería también poner fin a la impunidad política y judicial de congresistas y magistrados, o acabar con el teatro de que el Presidente no pueda nombrar a los congresistas ministros, pero sí a sus cónyuges, compañeras o compañeros permanentes o protegidos. Y, desde luego, hacer efectiva la norma que implica pérdida de investidura por recomendar a funcionarios o contratistas, en el clásico tráfico de influencias.

Esas son las cosas que hay que cambiar si realmente se quiere combatir la corrupción. Lo demás es hacerle el juego al populismo.

Alfonso Gómez Méndez

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