Es preciso agilizar procedimientos

Es preciso agilizar procedimientos

Si la Procuraduría integra a la Dian, la Uiaf y la Supersociedades puede hacer una revolución.

12 de septiembre 2018 , 12:00 a.m.

En toda nuestra historia constitucional y política, en especial desde los albores de la República, la Procuraduría General de la Nación ha sido una de las pocas entidades que han inspirado confianza en los colombianos al mantener su papel de garante de la legalidad, del funcionamiento pleno de las instituciones, de la moralidad pública y del respeto a los derechos y garantías individuales y sociales.

Tal ha sido su importancia que, en el siglo XIX, el procurador general llegó a tener “vocación presidencial”, o sea, posibilidad de reemplazar interinamente al presidente, conforme lo hizo don Bartolomé Calvo en 1861. Y, como toda entidad, desde su origen ha vivido épocas de esplendor o de apocamiento, con prevalencia de luces o de sombras.

Quizás su principal función ha sido vigilar la conducta oficial de los servidores públicos para combatir así todas las formas de corrupción pública y administrativa. La Constitución de 1991 la dotó de excepcionales poderes que incluyen suspender, aun preventivamente, mientras se adelanta una investigación, a ministros, gobernadores, alcaldes y otros altos funcionarios públicos, así como investigar y aun sancionar disciplinariamente –incluyendo la destitución– a los de elección popular.

La Procuraduría General de la Nación ha sido una de las pocas entidades que han inspirado confianza en los colombianos al mantener su papel de garante de la legalidad.

Pero tan inmensos poderes no siempre se han utilizado de manera adecuada para agilizar procesos y enderezar el funcionamiento de la administración. Una de sus fallas estructurales está en que –más por fuerza de la costumbre que por las mismas normas– se repite en el procedimiento disciplinario todo el pesado aparato del proceso penal, por lo cual con mucha frecuencia se destituye, sanciona o amonesta a los funcionarios cuando ya han salido del cargo. A veces, las sanciones disciplinarias, como se dice hoy en ciclismo, ‘chupan rueda’ de las condenas penales, cuando debería ser al contrario.

Por eso es bienvenido el debate abierto por el procurador general, Fernando Carrillo, al presentar un proyecto en buena parte orientado a replantear el papel del Ministerio Público para hacerlo mucho más efectivo, si bien comprende otros temas del área penal propiamente dicha, como el relativo a la extinción de dominio o el siempre candente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

A mi juicio, un punto esencial, que ha sido dejado de lado, es el énfasis ahora puesto en esta iniciativa sobre las acciones preventivas de conductas delincuenciales relacionadas con la corrupción, en el ejercicio mismo de la función pública y en todo el espinoso campo de la contratación pública.

Es novedosa la creación de la ‘Red para la prevención de la corrupción’ para integrar las personerías distritales y municipales y las oficiosas de control disciplinario o interno. Mucho tiene que ver el Ministerio Público con el estímulo a la ‘cultura de la legalidad’.

En materia penal propiamente dicha, bien vale acoger la propuesta que contempla un buen catálogo de sanciones en tratándose de responsabilidad de las personas jurídicas, compatible con la responsabilidad individual cuando de por medio estén los recursos públicos.

Muy útil es la idea de ‘ponerle dientes’ a la facultad de investigar disciplinariamente a los funcionarios públicos por enriquecimiento ilícito, figura que aplicamos por primera vez en 1989 en la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, bajo la eficaz dirección de Pablo Elías González, nuevo director de la UNP.

Ampliar el término de prescripción en materia disciplinaria puede, sí, tener el riesgo de crear en la entidad correspondiente la cultura de la desidia, sin poner el acelerador en las investigaciones al creer que se cuenta con mucho tiempo.

Si la Procuraduría, como se propone, integra en las investigaciones a la Dian, laUiaf y la Supersociedades, puede hacer una verdadera revolución: sin mayores trabas y con tantas facultades, en meses el país podría saber, con nombre propio, quiénes han aprovechado el Estado para enriquecerse.

Sin más, ese sería el verdadero estatuto anticorrupción. Manos a la obra, señor Procurador.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Columnistas

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