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¿Es de izquierda la constitución?

El izquierdismo está más en las palabras que en los hechos.

El artículo de The Economist con el llamativo título ‘Una ola de gobiernos de izquierda en la América Latina es una advertencia para el mundo’, actualiza la discusión sobre si realmente hay diferencias ideológicas y políticas en lo que a manera de estereotipo se conoce como izquierda y derecha.
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El articulista señala las “olas” que se han dado de gobiernos de izquierda en el pasado reciente y lo que finalmente ha sido el resultado para sus países. Advierte que hoy, 12 de los 19 países de la región están dentro de esa orbita de gobiernos de izquierda; sin embargo, establece categorías entre ellos. De un lado pone a Nicaragua, Cuba y Venezuela, tal vez por el autoritarismo y el poco respeto a las libertades individuales. Aun así, en los demás: Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia y México, encuentra que no parecería haber un denominador común.
La ‘advertencia’ es la de que un fracaso en estos gobiernos, genéricamente considerados de izquierda, generaría más pobreza y más desesperanza para sus pueblos. Pero también, que puede llevar a regímenes de derecha.
Pero hoy hay una discusión real: ¿qué puede definir a un gobierno como de derecha o de izquierda? Ya a nadie se le ocurre que pueda implantarse un régimen socialista y menos uno comunista.

Para algunos la diferencia puede estar en el llamado “estado de bienestar”, entendido como los apoyos económicos a sectores desprotegidos combinados con sistemas de salud, trabajo y pensiones.

En algún momento pudo pensarse que la frontera estaba en el papel asignado al Estado. Por lo menos en Colombia, desde 1936, con gobiernos liberales, se entronizó el intervencionismo y el principio de que la dirección general de la economía está a cargo del Estado. Basta leer el artículo 334 de la actual Constitución, fruto del consenso de las fuerzas políticas entonces en boga: “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley...” y agrega, que intervendrá por medio de leyes, entre otros temas, en la producción, distribución y consumo de la riqueza, los servicios públicos y el medio ambiente.
Lo paradójico es que en vigencia de esa norma se abrió la economía, se privatizaron servicios públicos –a veces a un costo muy alto– incluso en materia de corrupción como en Foncolpuertos y, en buena medida, se disminuyó el peso de organizaciones sociales como los sindicatos, las juntas de acción comunal o la Asociación de Usuarios Campesinos.
¿Acaso puede ser el manejo de la seguridad otra frontera entre izquierda y derecha? La seguridad y los derechos humanos no deberían ser conceptos contradictorios. Cuando se cruza esa frontera se dan situaciones como la de asociarse con los ‘pepes’ para derrotar a Escobar, o con los “escuadrones paramilitares” para combatir la guerrilla.
Para algunos la diferencia puede estar en el llamado “estado de bienestar”, entendido como los apoyos económicos a sectores desprotegidos combinados con sistemas de salud, trabajo y pensiones. El asistencialismo –que suele usarse como herramienta para la esclavitud electoral– ha sido utilizado en Colombia tanto por gobiernos de derecha como de izquierda.
En el caso de Petro algunos lo encasillan como de izquierda más por sus discursos que por sus hechos. No ha habido expropiaciones ilegales como se pensaba. No se ha encarcelado a sus opositores. No ha cerrado el Congreso como lo hizo el conservador Ospina Pérez en 1949. Ha utilizado, eso sí, los mismos métodos clientelistas y de nepotismo como en todos los gobiernos en cuyo desprestigio galopó para hacerse elegir. El izquierdismo está más en las palabras que en los hechos. Como nos decía mi papá: “palabra no rompe hueso”.
Se ha encontrado un gesto de “izquierdismo” en la reforma laboral por revivir el recargo nocturno, los dominicales y reducir la jornada laboral. Esa reforma –que no debe asustar tanto– debería hacer compatibles el desarrollo económico y el mejoramiento de la condición de los trabajadores, dejando atrás la consideración de que toda mejora a la condición laboral es un freno a la economía. La reducción de las horas laborales la propuso Uribe. Y el recargo nocturno y el salario dominical triple se estableció en el decreto 2351 de 1965, durante el gobierno conservador de Guillermo León Valencia y su ministro Miguel Escobar.
Entonces, el problema en estos países no es asumir banderas de izquierda, sino gobernar mal.
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