Enseñanzas de una sentencia

Enseñanzas de una sentencia

El Presidente y su ministro de Hacienda no tienen otra opción que volver a presentar el proyecto.

22 de octubre 2019 , 07:38 p.m.

Muchas lecciones quedan –para el Congreso, el Gobierno y la propia Corte Constitucional– tras la declaratoria de inexequibilidad por vicios de trámite en la aprobación de la reforma tributaria de origen gubernamental, más conocida como ley de financiamiento. No extraña a la tradición jurídica del país que una ley –o hasta una reforma constitucional– caiga por inobservar los estrictos trámites contemplados en el estatuto superior para su expedición.

El control constitucional no surgió en la Carta de 1991, a la que el fiscal Fabio Espitia le atribuye en parte el auge de la corrupción, sino en 1914, ejercido por la Corte Suprema hasta el 91. Por cierto, no era desacertada la fórmula de la reforma Lleras Restrepo de contar, dentro de la Corte, con una Sala de cuatro magistrados especialistas en derecho constitucional encargados de someter al plenario los proyectos de inconstitucionalidad. Decisiones de esta naturaleza no se tomaban, como ahora, cuando pueden ser cinco de los nueve togados, sino al menos por 13 de los 24 magistrados.

En 1978, esa Corte tumbó –creo que sin mayor razón– la pequeña constituyente de López para reformar el régimen departamental y municipal y la administración de justicia, así como la muy sólida reforma de Turbay en 1979, por un vicio de trámite en la Comisión Primera de la Cámara.

Si bien no es la primera vez que ello ocurre, siguen preocupando las ‘sentencias moduladas’, que en el fondo llevan a los jueces a hacer consideraciones prácticas o políticas

Llama, sí, la atención que en este caso, el ‘vicio de trámite’ radicara en que los representantes a la Cámara no recibieron impresa la Gaceta del Congreso, en donde sí aparecían las reformas introducidas al proyecto en el Senado. Y llama la atención, porque los parlamentarios casi nunca se enteran de lo que se publica en la Gaceta –menos tratándose de reformas técnicas, como la tributaria– y cuando en el mundo moderno, incluido el ordenamiento jurídico colombiano, opera la comunicación electrónica como una forma de notificación.

De todo esto debería desprenderse una reforma del vetusto reglamento del Congreso –Ley 5 de 1992– para permitir lo ya establecido en todos los códigos de procedimiento.

La otra lección es que, como las fallas se dan siempre que se quiere aprobar leyes a la carrera, o ‘ferrocarrileándolas’, según el argot parlamentario, los congresistas y el Gobierno deberían tener presente la frase atribuida a Napoleón y dirigida a uno de sus ayudantes: “Vístame despacio que voy de afán...”.

Si bien no es la primera vez que ello ocurre, siguen preocupando las ‘sentencias moduladas’, que en el fondo llevan a los jueces a hacer consideraciones prácticas o políticas. Cuando la Carta le asigna a la Corte la función de “guardián de la Constitución” lo único que le encomienda es determinar si una ley o un acto legislativo viola o no, la Constitución. Pero los efectos prácticos de sus decisiones llevan al terreno de lo político. Es un cambio total en la concepción del control constitucional. ¿Cómo entender que una norma pierda vigencia, pero solo a partir de determinado momento y, como en este caso, en materia tributaria?

Que sea positivo preservar algunos de los efectos de la reforma tributaria no significa que constitucionalmente sea un buen precedente. Una norma es o no constitucional, con independencia de sus consecuencias. Eso, desde el punto de vista jurídico, es tan claro que, por ejemplo, en el trámite de las objeciones a las leyes la Constitución establece que solo van a la Corte las de carácter constitucional, pues de las de conveniencia se ocupan el Congreso y el Gobierno.

El Presidente y su ministro de Hacienda no tienen otra opción que volver a presentar el proyecto –sin tantas arandelas– y utilizar los mecanismos que la Constitución les da para agilizar el trámite legislativo.

Al margen de que el jefe del Estado debe buscar sanos acuerdos políticos, ojalá no sea cierta la perversa especie de que se le ha querido ‘medir el aceite’ a Duque para que ante la necesidad inaplazable de la reforma tenga que ceder a presiones burocráticas a las que hasta ahora, y para bien del juego democrático, se ha resistido.

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