En contravía

En contravía

Siendo importante suprimir la detención domiciliaria, no es lo esencial para combatir la corrupción.

25 de junio 2019 , 07:00 p.m.

Si un extranjero se entera hoy de que por motivos inexplicables no se aprobó la ‘ley anticorrupción’ o el ‘estatuto anticorrupción’, pensaría que este es un país extraño en donde, aunque semejante flagelo es tema obligado en el mundo actual, aquí no se nos había ocurrido enfrentarlo legalmente. Y lo peor es que eso puede ser lo mismo que viene creyendo una ciudadanía desinformada o mal informada.

Ante todo conviene aclarar que por corrupción se entiende y acepta casi universalmente el aprovechamiento de una función pública en beneficio personal. Y que legalmente son tres las acciones indicadas para enfrentarla: establecer ciertas conductas como delitos asignándoles unas penas, fijar unos procedimientos y someter a los procesados o condenados a un régimen penitenciario.

Sobre lo primero, recuérdese que desde hace años, la legislación penal colombiana sanciona con penas que van de 8 a 40 años, entre otros, estos comportamientos: peculado (apropiarse de dineros públicos en bien propio o ajeno), concusión (exigir dinero por cumplir un acto oficial o por abstenerse de hacerlo), cohecho (aceptar dinero ofrecido para realizar un acto legal o ilegal), enriquecimiento ilícito (enriquecerse injustificadamente en ejercicio del cargo, sin que se requiera probar la comisión de otro delito) o celebración indebida de contratos para robarse el dinero de los contribuyentes. Y tampoco es necesario otro ‘estatuto anticorrupción’, pues desde 1995 se han expedido por lo menos tres.

Quiero proponer: que se aplique la figura del enriquecimiento ilícito que comenzamos a aplicar en la Procuraduría en 1990

La justificada indignación ciudadana se refiere a que la gente ve que, en algunos casos, fiscales y jueces conceden el beneficio de detención domiciliaria –o en centros especiales como guarniciones militares o de policía– a individuos acusados o condenados por la apropiación indebida de dineros públicos.

Pero desde la Ley 1944 de 2018 se prohibió sustituir la pena de detención preventiva por domiciliaria, en relación con una larga lista de delitos entre los cuales están los ya mencionados cometidos contra la administración pública asociados a corrupción y otros como soborno transnacional, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y tráfico de influencias.

Muchas veces, este beneficio se concede por errores de jueces o fiscales al interpretar la norma o por laxitud del sistema acusatorio en la rebaja de penas por simple confesión. La repetición de la prohibición estaba en un proyecto de más de 50 artículos presentado por la Fiscalía y que apuntaba en varias direcciones, como la de modificar las injustificadas rebajas por confesión. Pero la discusión se centró solo en el tema de la llamada casa por cárcel, agregado tiempo después.

Es más, desde septiembre de 2018 existe un proyecto en el mismo sentido (que comprende otros asuntos como la nulidad de los contratos por corrupción) presentado por el propio Presidente de la república, la ministra del Interior y congresistas de todos los partidos. Como ya se aprobó en primer debate en Comisión Primera de Cámara y tiene ponencia para plenaria en segundo debate firmada, entre otros representantes, por José Daniel López, Margarita Restrepo, Ángela María Robledo y Germán Navas Talero, al comenzar julio puede aprobarse allí, y en agosto en Senado.

Siendo importante suprimir la detención domiciliaria, no es lo más esencial para combatir la corrupción. Lo que se impone es prevenirla, purificando el sistema político si se elimina el intercambio de favores Legislativo-Ejecutivo; y reprimirla con las severas normas vigentes, más un sistema eficaz de justicia.

Quiero proponer: que se aplique la figura del enriquecimiento ilícito que comenzamos a aplicar en la Procuraduría en 1990. Y que se integre una especie de cuerpo élite de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, la Contraloría, la Dian y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), escogiendo un universo de cien o doscientos empleados oficiales, políticos y altos exdignatarios del poder público para confrontar bienes e ingresos.

Eso sí provocaría todo un terremoto en la lucha contra la corrupción. Lo demás solo sirve para agitar la galería buscando réditos políticos.

Sal de la rutina

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