Elección de nuevo fiscal

Elección de nuevo fiscal

Me parece acertada la derogatoria del decreto que exigía un concurso para seleccionar los candidatos

09 de julio 2019 , 07:00 p.m.

Con acierto, la Constitución de 1991 creó la Fiscalía General de la Nación para centralizar, modernizar y liberar de las presiones a los aislados jueces de instrucción criminal en la investigación de los delitos y la acusación de sus autores.

Ante todo, por la arremetida narcotraficante contra los jueces que se atrevían a desafiar su poder corruptor, hubo que recurrir a la figura de los jueces y testigos sin rostro. Un juez de instrucción, aun en regiones apartadas, debía enfrentarse solo a tamaña máquina de terror y muerte.

Los jueces que dictaron los primeros autos de detención en Medellín y Bogotá contra Pablo Escobar fueron asesinados, como el gran magistrado Carlos Valencia, abatido dos horas y media después de proferir una orden de captura contra ese capo.

Los procesos que iniciaron Gustavo de Greiff y Alfonso Valdivieso por dineros ilícitos que entraron a las campañas políticas, y otros fiscales generales contra las organizaciones guerrilleras y paramilitares o contra la corrupción, no hubieran sido posibles con el anterior sistema.

Otro factor de desajuste está en el periodo, pues, dependiendo de coyunturas, el Consejo de Estado ha ido de la tesis del período institucional al personal, o viceversa

El constituyente creó primero una figura de Fiscalía a la colombiana, o sea con funciones judiciales y dejándola en la rama. Esa especie de mixtura producía resultados –con errores inevitables– hasta que en 2005 al Congreso le dio por adoptar –sin mayor análisis ni estudio– el sistema acusatorio americano, basado en sólida investigación del FBI pero también en delaciones, arreglos, acuerdos y principios de oportunidad.

Según reciente estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia, en los últimos tiempos la Fiscalía ha perdido la mitad de los juicios, lo que, sumado a la lentitud, explica el hecho de que popularmente se hable de sistema “aplazatorio”.

Por la importancia del fiscal, en su designación el Presidente hace la terna y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) elige. Pero como con el nuevo sistema la Fiscalía se quedó sin funciones judiciales propiamente dichas –capturas y allanamientos–, habría que decir que más temprano que tarde el nombramiento del fiscal deberá hacerlo el Presidente.

En cierta medida, cuanto gire en torno a esta designación se ha vuelto un tema político. Por ejemplo, durante el mandato Uribe, ante un claro enfrentamiento entre el Presidente y la CSJ, esta se abstuvo de considerar las dos ternas enviadas por aquel, con el argumento poco sólido, desde el punto de vista constitucional, de su “inviabilidad”.

También contribuyó el hecho de que por falta de acuerdos en la CSJ en ese mismo periodo, el fiscal interino, Guillermo Mendoza –quien ejerció pulcra y eficazmente su tarea–, estuvo más tiempo que la titular, Viviane Morales, propuesta ya por el presidente Santos ante la citada devolución mediante cambio del reglamento de la CSJ para “desbloquear” la elección de Fiscal y las de presidente y vacantes de magistrados en esa corporación.

Otro factor de desajuste está en el periodo, pues, dependiendo de coyunturas, el Consejo de Estado ha ido de la tesis del período institucional al personal, o viceversa. Esa precisión jurídica debería tenerla el presidente Duque para ternar, pues no es lo mismo postular candidatos para un año que para cuatro. De momento, aparte el tema de la interinidad, la Fiscalía está en manos de un funcionario honesto, con amplia formación jurídica y mentalidad judicial.

Así, me parece acertada la derogatoria del decreto que exigía un concurso para seleccionar los candidatos, por tres razones: 1) Por tener cierto tinte de inconstitucionalidad, ya que la Carta Política le confiere al Presidente, de forma clara y sin limitación, esa facultad; es la misma causa por la que no se abre concurso para nombrar ministros. 2) Por establecer que aun después del concurso el Presidente podía incluir en la terna otro candidato aun cuando no hubiera concursado; y 3) Porque en este caso, y en otros similares, el supuesto concurso solo sirve para simular “transparencia”, y aquí lo importante es que el jefe de Estado, según su criterio, integre la terna con nombres que les den garantía a la Corte y al país no solo de la solvencia jurídica y moral de los ternados, sino de que reúnan los exigentes requisitos constitucionales para tan alto cargo.

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