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El profesor Jacobo Pérez y la Constituyente

El profesor Jacobo Pérez y la Constituyente

En nuestra historia, lo político siempre ha estado por encima de lo jurídico.

28 de septiembre 2021 , 08:00 p. m.

Por iniciativa del periodista e historiador Óscar Alarcón Núñez, y en su compañía, le hice una visita en su refugio de Chía a mi profesor de derecho constitucional y administrativo, Jacobo Pérez Escobar, gran jurista, hombre público y secretario de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.(Lea además: Presidencialismo y Comisión Asesora)

Fue un agradable reencuentro en el que, como lo suponíamos Óscar y yo, hablamos de historia política, de derecho, del Caribe y sobre todo del papel que nuestro ilustre anfitrión jugó como ‘notario’ de la Constituyente.

Nos sorprendió gratamente que a sus noventa y seis años se mantenga lúcido, con su mente activa, y describa con detalles tantas situaciones de nuestra historia política, de la que fue protagonista. Su condición física es envidiable para su edad, pues se desplaza con holgura y sin ayuda de nadie.

Nos recreó con anécdotas su relación con García Márquez, a quien le llevaba dos años. Ambos nacidos en Aracataca, solo se conocieron cuando llegaron a estudiar Derecho en la Universidad Nacional. Jacobo Pérez fue un estudiante brillante, discípulo, entre otros, de López Michelsen, Gerardo Molina, Darío Echandía, Castro Martínez, Luis Carlos Pérez y Antonio Rocha. Estudió becado en Francia y fue profesor en varias áreas del derecho en distintas Universidades como la Nacional, la Libre y el Externado de Colombia, donde lo conocí.

Nos contó que Gabo, con quien mantuvo una amistad permanente, se sentaba en la banca de atrás a leer lo que le interesaba, que era la literatura. Nos mostró orgulloso la dedicatoria que le hizo el premio Nobel en uno de sus libros en 1986: “Para Jacobo, de su condiscípulo eterno”.

Su trasegar por el servicio público fue muy amplio. Participó como jurista en la preparación del programa constitucional de Carlos Lleras Restrepo en 1966 y en esa condición, al lado del profesor tolimense Jaime Vidal Perdomo, tuvo mucho que ver con las reformas constitucional y administrativa de 1968. Fue Secretario General del Ministerio de Gobierno con Misael Pastrana Borrero y Gobernador del Magdalena con Betancur.

Por más que nos ufanamos de nuestro Estado de derecho, casi siempre los grandes cambios se han dado violando el régimen jurídico vigente.

Con todo ese bagaje político y jurídico, llegó a la Secretaría de la Asamblea Constituyente, en la que se involucró activamente. Nos describió cómo fueron esos días finales, su exclusión del acto de la firma, al que él –tomando las palabras de una juez– califica como un “sainete”.

Nos enseñó el folleto que escribió, titulado ‘Constitución de 1991, la farsa del Capitolio Nacional’, en el que prueba que lo que se firmó con toda pompa el 4 de julio fue un papel en blanco, ya que para entonces no se tenía el articulado codificado y aprobado, como lo exigían los artículos 43 a 45 del reglamento de la constituyente, y que por eso la promulgación se hizo por fuera del término.

Varias veces nos dijo durante la amena conversación que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la Constitución del 86 no alcanzó a derogarse y que la nueva no fue aprobada dentro del término que estaba señalado.

Guarda en su biblioteca no solo este documento, sino los primeros borradores, que fue preciso publicar con ‘fe de erratas’. Obviamente, por razones políticas la nueva Constitución tenía que entrar a regir, así hubiese sido promulgada de manera extemporánea.

A nuestro regreso, comentábamos que valdría la pena escribir un ensayo para demostrar que por más que nos ufanamos de nuestro Estado de derecho, casi siempre los grandes cambios se han dado violando el régimen jurídico vigente.

La Constitución de 1863 fue el producto de una guerra civil contra la de 1858. La del 86 se hizo derogando de facto la vigente de 1863. Las reformas de 1957 se hicieron por un plebiscito que no estaba previsto, y por un decreto de estado de sitio dictado por una Junta Militar. Y la del 91 se hizo violando el artículo 12 del plebiscito que regía desde 1957. El plebiscito para la paz no fue aprobado, pero se aplicó. La llamada ‘consulta anticorrupción’ no alcanzó el umbral, pero todos se refieren a ella como si se hubiera aprobado...

¿No será hora de reconocer que, en nuestra historia, lo político siempre ha estado por encima de lo jurídico pero aun así nos mantenemos en la ficción de un Estado de derecho?

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

(Lea todas las columnas de Alfonso Gómez Méndez en EL TIEMPO, aquí)

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