El Presidente y el Congreso

El Presidente y el Congreso

Si hay algo por lo cual el Gobierno se la debe jugar a fondo en marzo es la lista cerrada.

18 de diciembre 2018 , 06:14 p.m.

Cualquier día, cuando estudiaba en el Externado, Jaime Castro, mi profesor de derecho constitucional, nos puso como tarea encontrar qué normas constitucionales no habían sido desarrolladas legislativamente y cuáles, estando vigentes, no habían sido reglamentadas. Recuerdo ese episodio a propósito de lo ocurrido durante esta legislatura en las relaciones entre el presidente Duque y el Congreso.

Muchos de sus críticos se han apresurado a sellar dizque el ‘fracaso’ del Gobierno por no haber logrado la aprobación de reformas de la Constitución, no todas con la importancia que se les atribuye. Valdría la pena que el presidente Duque releyera el discurso de posesión de Virgilio Barco el 20 de julio de 1986, cuando anunció que para gobernar no se iba a “embarcar” en reformas constitucionales.

Lamentablemente, después tuvo que cambiar de opinión cuando el establecimiento, para lograr que el entonces movimiento guerrillero M-19 liberara a Álvaro Gómez, se comprometió en Panamá a emprender una reforma constitucional que finalmente el Gobierno prefirió hundir antes que ceder a la presión de los narcotraficantes para quitarse de encima la extradición. Este secuestro fue uno de los orígenes próximos de la Carta del 91, que, por cruel paradoja, prohibió la extradición y estuvo presidida por el secuestrado y su antiguo secuestrador.

Ahora, la llamada ‘reforma’ de la justicia estaba tan desnaturalizada que realmente le quedaban pocos dolientes, no obstante los ingentes esfuerzos de la ministra del ramo. Ojalá que ella no cumpla su prematura promesa de que renunciaría si se caía la iniciativa y aplique todos sus conocimientos y energías a preparar de aquí a marzo una profunda reforma, principalmente en aspectos legales y reglamentarios de temas concernientes a la revolución que se requiere: cumplir fielmente las normas y los términos procesales vigentes. Aportaría mucho con su larguísima experiencia en Excelencia en la Justicia.

Fue un grave error del Presidente dejarse llevar por la ola de la consulta anticorrupción al comprometer su palabra en la repetición de normas que ya existen

La principal reforma política la está haciendo el Presidente, sin cambiar una sola norma jurídica, al variar el tipo de relación clientelista Ejecutivo-Legislativo. Obviamente, tampoco se deben satanizar el ejercicio mismo de la política ni la influencia de los políticos en el Gobierno. Lo que debe acabar es la entrega a pedazos del Estado, para negocios y actividades non sanctas a políticos a cambio de apoyos parlamentarios. Y si hay algo por lo cual el Gobierno se la debe jugar a fondo en marzo es la lista cerrada, con democracia interna, lo que reviviría los verdaderos partidos políticos, eliminando las actuales microempresas electorales.

Fue un grave error del Presidente dejarse llevar por la ola de la consulta anticorrupción al comprometer su palabra en la repetición de normas que ya existen y en cambios que nada tienen que ver con una real lucha anticorrupción: como los sueldos o los periodos de los congresistas. A falta de uno, ya tenemos varios estatutos anticorrupción, siendo el principal el Código Penal, que, si se aplicara, sería suficiente para ponerles tatequieto a quienes usan el poder para enriquecerse.

Por haber cometido ese error, hoy le hacen el falso cargo de ‘conejero’ los impulsores políticos de una consulta que, con todo y lo que se dice, no fue un mandato jurídico por cuanto no alcanzó el umbral.

El jefe del Estado podría en estos meses asignar a sus ministros y consejeros la tarea que nos ponía Jaime Castro. Muy seguramente va a encontrar un arsenal para gobernar y tomar medidas de cumplimiento inmediato entre el ya de por sí desbordado ordenamiento jurídico vigente. Y al Congreso le queda la insustituible función del control político sobre los actos del Gobierno y de la Administración, como lo manda la Constitución.

El director de Medicina Legal

El país debe saber que con el doctor Carlos Eduardo Valdés al frente del Instituto de Medicina Legal tiene a un funcionario plenamente confiable. Calificado científico e investigador forense, tuve el honor de tenerlo como eficiente colaborador en la Fiscalía. Su estatura profesional y moral está muy por encima de la de quienes por motivos desconocidos quieren enlodar su limpia trayectoria.

Columnistas

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